Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Lucha contra el contrabando

— editorial
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La Cámara de Alimentos y Bebidas (CAB) ha señalado que la falta de “voluntad política” ha causado un incremento en la internación a Guatemala de productos que no pagan impuestos o incumplen permisos sanitarios. Asimismo, la CAB ha expresado que tres de cada diez productos que se venden en el país son ilegales, por lo que ha solicitado insistentemente en que se refuercen las acciones contra el contrabando y la defraudación aduanera, que representa, en concepto de evasión tributaria, US$2 mil 200 millones (Q16.2 millardos), equivalente al 3.5 por ciento del PIB, o sea 12 veces la brecha de recaudación tributaria en 2017 (Q1.3 millardos).

Recientemente, la CAB informó que en las fronteras de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Chiquimula se localizan nuevos puntos por donde ingresa el contrabando y que las redes de contrabando han optado por ingresar el producto por estas nuevas rutas, que incluye el uso de caminos vecinales y pasos vehiculares, para evitar los controles de la SAT. Sin duda, una de las cabezas visibles de la hidra del crimen organizado en el país es el contrabando (introducción o exportación de productos sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente) y la defraudación aduanera (mercaderías introducidas fraudulentamente). Las otras cabezas visibles de la delincuencia organizada son el narcotráfico, la trata de mujeres y niños, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el tráfico de madera, lavado de dinero sucio, robo de vehículos, la corrupción estatal y el tráfico de personas.

El contrabando y la defraudación aduanera es la mayor fuente de evasión tributaria. Esos delitos no solo se traducen en defraudación tributaria, sino que también inoculan el veneno de la corrupción e impunidad a las instituciones estatales, especialmente a las encargadas del control de legalidad y de castigar a los criminales.

 

El poder de la mafia es tan grande que el territorio nacional ha caído virtualmente bajo la férula, o sea bajo el control total de la delincuencia organizada nacional y transnacional, que opera con impunidad. Esto significa que el Estado es impotente para enfrentar a los gánsteres, a las bandas armadas, a las maras y al Estado paralelo. La impotencia de la justicia sigue siendo patética. La conflictividad ha aumentado exponencialmente y el crimen reina en el país. La compra de voluntades se da a todo nivel y todo se “lava”. Se planea y ejecuta el asalto mafioso de las instituciones del sector justicia, así como el socavamiento del sistema estatal de control financiero, sin que nadie objete o se oponga. Ojalá que, entonces, por fin las autoridades decidan combatir y erradicar el contrabando y la defraudación aduanera, que, además de abatir los ingresos tributarios, genera una competencia desleal en menoscabo de los emprendedores formales (porque los contrabandistas comercializan sus productos a precios insostenibles para quienes tienen que tributar), que pagan impuestos, y quienes, casualmente, resultan ser los más fiscalizados por la SAT, porque es a los que más fácilmente se les pueden hacer ajustes. En todo caso, lo que se necesita es “voluntad política”, como dice la CAB, y no más regulaciones en papel mojado.

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