Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Informe de la OACNUDH sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela

— editorial
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El viernes pasado, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió el informe denominado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, el cual es el segundo informe a distancia sobre la situación en Venezuela que publica la OACNUDH. El primer informe fue emitido en agosto del 2017.

En este nuevo informe, OACNUDH denuncia la impunidad que impera en Venezuela, es decir la falta de castigo por las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la ausencia de rendición de cuentas al respecto.

Asimismo, la OACNUDH expresa que las autoridades venezolanas no han apresado a los autores (intelectuales y materiales), cómplices y encubridores de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura en que han incurrido agentes del Estado y paramilitares.

En el informe se incorpora que, desde julio de 2015 a marzo de 2017, la entonces Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz (actualmente en el exilio), registró el asesinato de 505 personas por las fuerzas de seguridad. Ortega, según testimonios que menciona, el patrón que se repite consiste en incursiones en barrios pobres para detener criminales sin orden judicial, el asesinato de jóvenes en algunos casos en sus propias casas y la alteración de la escena de los hechos, para que los asesinatos aparenten haber sucedido como consecuencia de un intercambio de disparos con arma de fuego.

En dicho informe también se consigna que el régimen de Nicolás Maduro, abanderado del Socialismo del Siglo XXI, ignora o se desentiende de la magnitud de la “crisis alimentaria” en Venezuela, donde la mayoría de la población sufre “pobreza extrema”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó, en un reciente comunicado, que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en la cuestión de los graves abusos de autoridad cometidos en Venezuela “(…) dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos (…)”.

La CPI es un tribunal de justicia criminal internacional de carácter permanente, con sede en La Haya, Holanda, cuya misión es juzgar y castigar a las personas (no a los Estados) que han cometido crímenes (asumidos como internacionales) de genocidio, de guerra, de lesa humanidad (como la esclavitud, el ‘apartheid’, el exterminio, deportación traslado forzoso, desaparición forzada, tortura, violación y asesinato, entre otros) y de agresión (entre Estados).

De cualquier manera, ha trascendido que Maduro y varios funcionarios y exfuncionarios venezolanos han sido denunciados ante la CPI, por crímenes de lesa humanidad, por lo que se da por descartado que la Fiscalía de la CPI promueva la persecución penal en contra de los denunciados.

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