Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Tolerancia Cero contra la inmigración ilegal

— editorial
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El gobierno estadounidense está implementando una nueva política contra la inmigración ilegal denominada “Tolerancia Cero”, mediante la cual, con fines eminentemente disuasivos, se está separando a los niños de sus padres. Ha trascendido que cerca de 2 mil niños han sido separados de sus padres en las últimas seis semanas en la frontera entre los EE. UU. y México. Los menores separados de sus padres son mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.

El lunes pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó: “La idea de que un Estado intente disuadir a los padres cometiendo este abuso contra los niños es inadmisible. Insto a EE. UU. a poner fin inmediatamente a esta práctica”.

Por su parte, el Canciller de México, Luis Videgaray, manifestó: “El Gobierno de México en ningún momento promueve la migración ilegal; sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales nosotros no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad”.

Lamentablemente, los gobiernos latinoamericanos no pueden hacer mucho de cara a la tragedia que viven muchos inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense, que, por supuesto, quedan sujetos a las duras leyes antiinmigratorias que rigen en los EE. UU., que son vistos como una tierra de oportunidad, prosperidad y promisión en general, en la cual se pueden tener mejores condiciones de vida.

Todo sería diferente si, con suficiencia, nuestros gobiernos pudieran decir a los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera mexicano-estadounidense que pueden regresar con confianza a sus países de origen, en donde se les ofrecerá trabajo, salud, alimentación, educación y vivienda. No obstante, debe reconocerse que las condiciones de vida para las grandes mayorías en nuestros países son precarias, lo que hace que las personas busquen afanosamente salir de la miseria, de la exclusión y de la marginación, y que se aventuren a marchar hacia otras latitudes, incluso arriesgando su vida, su libertad, su seguridad y hasta a perder a sus propios hijos o que estos sean vejados.

Sin embargo, lo que sí podemos exigir es que los migrantes ilegales sean tratados como seres humanos, que sean respetados, protegidos y defendidos sus derechos fundamentales, reconocidos y plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU.

En todo caso, debe tenerse presente que los inmigrantes ilegales no son delincuentes o criminales, sino que son seres humanos, familias, que no tienen nada y que huyen de la pobreza, de la violencia y de la desgracia propias de las realidades insufribles que viven en sus países. Por tanto, lo menos que se puede pedir es un tratamiento acorde con su condición humana, con su dignidad de ser humano, a la hora de que sean detenidos y repatriados.

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