Sábado 20 DE Abril DE 2019
Opinión

No hay que temer al cambio

Pues el riesgo de retroceso es alto.

— Edgar Gutiérrez

¿Qué haces cuando tu gobierno es soberbiamente inútil, soberanamente corrupto y absolutamente incapaz de defender a sus habitantes, sean estos damnificados, desolados de las tragedias en el propio territorio o niños y sus familias emigrantes tratados de manera cruel e inhumana? ¿Y qué, cuando tu Presidente transgrede impunemente las leyes y escudado en su alta investidura viola la dignidad de mujeres? ¿Y cuando irresponsablemente lanza mensajes públicos de odio que dan cobertura a grupos de matones para la sistemática persecución, acoso y hasta ejecución de líderes sociales disidentes?

Es obvio, hay que exigir su salida y a la vez someterlo al régimen de legalidad. La Constitución ofrece las vías para hacerlo, aunque no sean tan ágiles como en el régimen parlamentario ni como podría serlo contando con una norma de revocatoria de mandato (que en verdad nos hace falta). El principio de la República es que “la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” (Artículo 141 de la Constitución). Por eso está reconocido el derecho a la resistencia (Artículo 45) y a la petición (Artículo 28).

El cambio de un gobierno antes de su periodo no tiene por qué ser traumático, ni desestabilizador si ocurre bajo los principios de ejercicio pleno de la soberanía popular y respetando el debido proceso legal (despojo de antejuicio), incluso puede intervenir la ciencia declarando la incapacidad física o mental del Presidente (Artículo 165 inciso i).

En 2015, ni la salida de Roxana Baldetti (mayo) ni la renuncia de Otto Pérez (septiembre) resultó traumática, ni desestabilizó el sistema jurídico-político. Al revés, el país ganó gobernabilidad y libertades, y el pueblo se empoderó, afirmando sus convicciones democráticas. La evidencia está en la concurrencia masiva a las urnas (la más significativa desde 1985) y la derrota de la vieja política, que durante dos décadas vació a la política democrática de cualquier contenido transformador.

Sin la secuencia de eventos en ese año (procesos judiciales promovidos por MP y CICIG debido a casos de corrupción en los más altos niveles, y manifestaciones masivas y pacíficas del pueblo en todo el país, sostenidas durante 120 días), Guatemala sería hoy la dictadura del despojo y el abuso bajo la égida de Manuel Baldizón. Muchos empresarios no estarían en el “club de los desvelados” por presuntas transgresiones a la ley, sino en el “club de los despojados” (de sus participaciones accionarias), mientras la oposición en el Congreso simplemente no existiría y la independencia judicial sería otra quimera. Nos gobernaría, a saber por cuánto tiempo, otro Ortega y otro Maduro, pero sin vena social.

El camino que iniciamos en 2015 debe continuar, pues el riesgo de retroceso es alto. Y otra frustración nacional daría frutos amargos. Debemos profundizar la reforma del régimen político y declarar tolerancia cero a la ineptitud, la vulneración de los intereses nacionales y el abuso del poder, incluyendo violencia y sometimiento, contra jóvenes mujeres, como escribí el lunes. No se trata de un solo caso en un único ministerio de Gobierno. Y si no registraron en el MP al menos una denuncia, no dudo que saltarán varias dentro de poco.

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