Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Cocodes, Codedes y la carabina de Ambrosio

“En la práctica política de los Estados Unidos y otros países de habla inglesa, es ampliamente conocida la figura del barril de los cerdos, que, en esencia, consiste en la provisión de recursos propios del presupuesto federal para financiar programas que benefician intereses de ciertas comunidades”. (Jorge Botero, Semana, Colombia)

— Edgar Balsells
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El excelente reportaje del equipo de investigación de elPeriódico del lunes pasado sobre “La falsa aldea que favoreció el spa de Delia Bac” ilustra de cuerpo entero la entropía a la que ha llegado el distritalismo y la política en nuestro medio, buscando la riqueza personal a costa de la captura del presupuesto público, el IVA-PAZ, diversos aportes constitucionales y la planificación de la inversión.

El proyecto de construcción de la carretera a la aldea El Paxtal, en el municipio de Sumpango, Sacatepéquez, y que costó Q1.9 millones, tiene algo de extraño: La aldea no existe. Lo más cercano a un poblado con este nombre es un terreno propiedad de la diputada Delia Bac. El proyecto fue respaldado por el Consejo Comunitario de Desarrollo –Cocode–, en el año 2010, y se hizo con la intermediación de una Organización no Gubernamental, de nombre Provida, siendo además que a la manipulada licitación únicamente se presentó la constructora Vimerco.

En adición al ventajismo que posee el proyecto indicado, y teniendo en cuenta que ahora por todos lados se habla de la palabra “prevención”, muy bien haríamos si levantamos un nuevo tema del que aún se habla poco en Guatemala y que se refiere a la calidad del gasto y mejora de los efectos multiplicadores de la inversión pública. Y es que es indignante que en un territorio tan necesitado del ordenamiento urbano y la la priorización de proyectos, como lo es Sacatepéquez, el dinero se malgaste en proyectos clásicos de la “pork barrel politics” (política del barril de puerco), como le llaman los estadounidenses a ese proceso tan viciado, en donde la Hacienda Pública recauda los impuestos y el Congreso los malgasta.

El 19 de marzo pasado una misión del Fondo Monetario Internacional terminó su trabajo relacionado con la Consulta del Artículo IV de 2018 (escrutinio anual a la economía del país), describiendo las conclusiones preliminares del personal técnico, recomendando inicialmente ampliar el presupuesto, enfocándose en programas emblemáticos y de alto impacto, dirigidos a aliviar las necesidades sociales y de infraestructura más esenciales; indicando además que en el mediano plazo el presupuesto debe estar alimentado por una estructura tributaria de más avanzada. El Fondo anima a mejorar el proceso de contrataciones en el Estado y al diseño de una estrategia nacional de inversiones que “podría incluirse como insumo en un presupuesto multianual de inversiones”.

Para que todo esto suceda, una mejora en el proceso tecnocrático debiera dominar los caprichos de la clase política, principalmente una clase política como la que actualmente se cobija en el Congreso, en donde como se muestra en esta columna, no solo está la injusticia de construir caminos ad hoc, para las granjas y los spas, sino además se hacen con procesos irregulares utilizando vehículos viciados, como lo fueron las ONG creadas únicamente para realizar negocios públicos, como ha sido también el sonado caso de la cárcel de Fraijanes.

Pero como no se trata de penalizar y judicializar todas estas situaciones la solución es finalmente que una tecnocracia sólida derrote las pretensiones y caprichos de una clase política inepta y corrupta como la de hoy en día. En tal caso, la Segeplan y el Conadur (máximo órgano de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural), debieran impulsar un plan multianual de inversiones públicas en donde se encuentren proyectos prioritarios como el de la limpieza del Lago de Atitlán, del Río Motagua y otros vitales para el desarrollo del país, eliminando así la influencia de los decadentes y politizados Cocodes.

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