Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Impulsan leyes de impunidad

Muchos de los diputados responsables de estos hechos no deberían de estar encerrados en el Congreso, sino en la cárcel.

— Miguel Ángel Albizures
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Hay nombres que deben dejarse escritos en las páginas negras de la historia de Guatemala, se trata de un grupo de diputados comandados por Fernando Linares Beltranena, Presidente de la Comisión, que ha estado, y está, al servicio de responsables de crímenes de lesa humanidad y de corruptos e impunes, que actualmente guardan prisión, y de los que todavía siguen libres. Ellos son los de la “iniciativa” monstruosa: Stella Alonzo, Javier Hernández Franco, Patricia Sandoval, Juan Ramón Lau, Aníbal Rojas, Carlos Enrique Maldonado, Juan Manuel Díaz Durán, Alejandro Carrillo, Estuardo Galdámez, Adim Maldonado y Conrado García.

Es fundamental analizar el tipo de iniciativas que plantean los diputados, y los cambios que proponen al Código Penal y a la Ley de Reconciliación Nacional, pues llevarlos a la práctica implica fortalecer el pacto de corruptos, pisotear las sentencias dictadas por tribunales legítimos e independientes, y destruir cualquier esperanza que tuvieran las víctimas y/o los testigos sobrevivientes, de evidenciar la verdad y hacer justicia por los daños sufridos durante un período que se caracterizó por la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

Por eso las jornadas de protesta, de los últimos días, son de vital importancia, pues contribuyen a que la población siga tomando conciencia de sus derechos, y se una a la juventud, que hoy en día asume la responsabilidad de frenar los intentos de retrocesos en materia de legislación para que los juicios, que tardaron décadas en iniciarse, puedan continuar y los testigos puedan ser escuchados.

Casos como el de Las Dos Erres, en el que varios militares fueron condenados a más de seis mil años de cárcel por la brutalidad de los hechos, como fue el asesinato de muchos niños, de ancianos y la violación y muerte de mujeres. Los responsables de ésta masacre no debe tener ningún perdón, pues incluso dos kaibiles, que fueron parte de los responsables, prefirieron hablar para no seguir cargando en silencio con esos crímenes y por eso dieron nombres de los mandos y participantes en esa masacre.

Los diputados pretenden beneficiar a militares ya sentenciados, como Pedro García Arredondo, a Benedicto Lucas García y a otros criminales de esa época como Zaldaña, Gordillo, Callejas y Callejas, quienes saldrían libres, burlándose de las organizaciones de víctimas, de los testigos sobrevivientes, pero también de jueces y fiscales que contribuyeron a la condena.

Entre otras cosas los diputados pretenden beneficiarse personalmente, pues muchos de ellos están pendientes de que les retiren el derecho de antejuicio y al mismo tiempo, proteger al presidente y a todos aquellos que tienen relación con los delitos de financiamiento electoral ilícito. Muchos de los diputados responsables de estos hechos no deberían de estar encerrados en el Congreso, sino en la cárcel.

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