Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Los fideicomisos públicos siguen viento en popa

— editorial
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Los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, a través de los cuales, incluso, se transfieren fondos públicos a organismos internacionales para que, sin observar la legislación nacional, ejecuten gasto público, a cambio de jugosas comisiones, son la mayor fuente de corrupción en el Estado junto con los fondos sociales, las oenegés, las Secretarías de la Presidencia y los Consejos de Desarrollo, que conforman el patético e inextricable “sistema paralelo de gasto público”.

Se cuestionan los referidos fideicomisos públicos, entre otras cosas, porque se transmite el dominio de bienes del Estado (ingresos fiscales) a los bancos, con base en instrumentos temporales (Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado), acuerdos gubernativos y demás, y sin sujetarse a los procedimientos de enajenación de bienes estatales previstos en la Constitución y la ley.

Asimismo, dichos fideicomisos públicos conllevan otros vicios: 1) Se asume que los bienes públicos se “privatizan” al pasar al dominio de los bancos, por lo que no están sujetos a rendición de cuentas ni a control estatal; 2) Se desnaturaliza la figura esencial del fiduciario, es decir del banco administrador del fideicomiso, porque la administración se delega en comités técnicos integrados antojadizamente por el gobierno; 3) Los miembros de los comités técnicos no presentan declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de que administran fondos públicos, y no se deducen en su contra responsabilidades legales; 4) La “fiscalización” del fideicomiso se confía a auditores independientes, por lo que la CGC queda marginada; 5) El patrimonio fideicometido, o sea los fondos públicos transferidos al fideicomiso, puede ser ampliado ilimitadamente; 6) Los fideicomisos no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que todos los contratos y adquisiciones son discrecionales; 7) Las contrataciones de personal no se ajustan a la Ley del Servicio Civil ni están sujetas al régimen de seguridad social; y 8) Los fideicomisos no se destinan para la administración de bienes, sino para ejecutar gasto público, lo que contraviene el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Asimismo, los fideicomisos se manejan bajo la más absoluta confidencialidad y secreto. Luego, no se puede establecer si los mismos se están manejando de manera transparente. La misma Ley de Acceso a la Información Pública no establece que los fiduciarios sean sujetos obligados, por lo que no están constreñidos a informar sobre la ejecución de gasto público por vía de fideicomisos.

Por otro lado, cabe recordar que la Superintendencia de Bancos ha informado que la ley le prohíbe suministrar a la CGC datos sobre los fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema. O sea que, en realidad, los fideicomisos públicos no son fiscalizables.

En consecuencia, lo que procede es prohibir los fideicomisos de ejecución de gasto público y sécate. El Congreso tiene la palabra.

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