Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Benevolencia con el régimen Ortega-Murillo

— editorial
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El pasado martes, en Washington, D.C., EE. UU., la 48a. Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobó la Resolución sobre la Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18), que contiene los siguientes seis puntos:

  1. Su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua.

  1. Su llamada a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad.

  1. Su preocupación con respecto al desglose en el reciente proceso de diálogo.

  1. Su llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia.

  1. Afirmar, de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la OEA de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua.

  1. Su invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación.

La opinión pública internacional ha percibido esta resolución como demasiado benévola de cara a las graves violaciones a los derechos humanos que se ha producido en las últimas semanas en Nicaragua, que se imputan el régimen totalitario de los esposos Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana.

Según informaciones de la CIDH, el “escalamiento de la violencia con nuevas prácticas represivas” por parte del régimen Ortega-Murillo ha dejado 127 muertos y más de 1,200 heridos en Nicaragua, desde abril pasado, así como cientos de detenidos.

Si bien el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, condenó los asesinatos y actos represivos en Nicaragua, se abstuvo de responsabilizar al régimen Ortega-Murillo de los referidos actos de violencia, aunque ha sido bastante obvio que tanto las fuerzas armadas y de seguridad como las bandas paramilitares sandinistas, son las causantes del derramamiento de sangre y la destrucción en dicho país. Por otro lado, Almagro acusó a la disidencia nicaragüense de recurrir a “prácticas antidemocráticas”, como la mentira, lo que cayó como un balde de agua fría sobre los opositores al binomio Ortega-Murillo, a quienes exigen su salida del poder.

En nuestra opinión, no se puede acusar de recurrir a “prácticas antidemocráticas” a quienes enfrentan, con audacia y alto riesgo de perder su vida e integridad personal, a la cruel dictadura del binomio Ortega-Murillo. Más bien hay que protegerlos y defenderlos.

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