Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Pactos para la educación

Los incrementos al Ministerio de Educación no deben ir únicamente a incrementos salariales.

— Francisco Roberto Gutiérrez Martínez
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El año recién pasado el magisterio público nacional logró el compromiso presidencial para una mejora salarial, asunto que el presente año se presentó ante el Congreso de la República, específicamente para solicitar un incremento al Presupuesto del Estado, con el propósito de cumplir el compromiso presidencial.

El día jueves 31 de mayo se llevó a cabo un foro con el objetivo de conocer más a fondo las implicaciones del incremento solicitado, foro en el que expertos de diversas entidades (Empresarios por la Educación, La Gran Campaña por la Educación, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Asamblea Nacional Magisterial y el Ministerio de Educación) se manifestaron, destacándose la preocupación por cuanto que, de otorgarse la prebenda al magisterio, esta podría ser solicitada por otros gremios del sector público (con la consabida presión), comprometiendo seriamente el futuro económico estatal. Se comentó también que se estaría afectando los programas de maternidad, vacaciones y jubilación magisteriales. De tal cuenta no es únicamente un incremento más, como lo anuncia el magisterio.

Actualmente más del 80 por ciento de lo percibido por el Ministerio de Educación se dedica a la nómina magisterial y administrativa del Ministerio, con lo que hay poco potencial para mejorar la calidad educativa, para educación preescolar (muy estratégica), y para educación básica y diversificada; así como para otros modelos educativos como el sistema de telesecundaria, por ejemplo. El presupuesto dedicado al Ministerio es de cerca de 14 millardos de quetzales, lo que hace 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, monto muy bajo considerando la importancia que la educación tiene para el desarrollo; pero la preocupación es que los incrementos al Ministerio de Educación no deben ir únicamente a incrementos salariales cuando no hay una correspondencia entre los aumentos y el rendimiento de los alumnos, el cual es sumamente bajo y ha ido decreciendo. No hay, por tanto, una estrategia que premie la meritocracia en el magisterio; los incrementos salariales generalizados han demostrado no ser convenientes.

Obviamente, asumo que todos los guatemaltecos queremos que los maestros mejoren sus condiciones, y no solo en lo económico. Los maestros deberían ser reconocidos como las personas más importantes de la sociedad, por cuanto tienen bajo su responsabilidad la educación de los niños y jóvenes. Países desarrollados, como Finlandia, consideran a los maestros como los miembros más importantes de la sociedad.

En el foro mencionado se trató de la urgencia de convocar a un “nuevo pacto por la educación”, en el que se revise por representativos de los diversos sectores sociales los temas críticos, tales como la cobertura (no solo en la primaria, sino especialmente en la preprimaria, básicos y diversificado), la pertinencia (revisión curricular, para que atienda necesidades de formación y de inserción laboral), la calidad (suministros, aulas, y especialmente la capacidad docente). Todo ello requerirá, una vez establecido el perfil ideal del graduando, definir los recursos necesarios y, a partir de ello, la asignación a los diversos rubros que inciden en la educación.

Hay, por tanto, dos pactos en discusión; uno el que presenta el magisterio para obtener un incremento salarial, y el otro el que propugna por una mejora sistémica de la educación para Guatemala. Ambos pactos requieren de un análisis serio y profundo y de la participación ciudadana para la búsqueda del bien común.

 

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