Viernes 19 DE Julio DE 2019
Opinión

Ausencia de seguridad jurídica

Sin certeza jurídica no hay paz.

Fecha de publicación: 28-05-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

La seguridad jurídica, según el Diccionario de la Lengua Española, es la cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”.

De suerte que la seguridad jurídica supone un orden normativo cierto y de seguro cumplimiento, es decir bajo el cual, como dice Friedrich Hayek, las decisiones y actuaciones de los órganos públicos sean predecibles. Existe seguridad jurídica cuando se cuenta con garantías de protección a las personas, así como la preservación de sus bienes y derechos. Por tanto, bajo un régimen de eficaz certeza jurídica, las personas saben a qué atenerse y, especialmente, que el poder público no actuará sobre ellas y sus patrimonios con abuso de autoridad o arbitrariedad.

Luis María Olaso subraya la importancia del “saber o certeza de que hay ciertas normas que disponen tales y cuales conductas de modo impersonal y objetivo, y de que el orden así previsto es generalmente observado”, así como de “la expectativa o confianza que deriva de ese conocimiento y consiste en la fundada expectativa de una continua y prolongada vigencia del orden jurídico”.

Para que exista convivencia en paz, así como armonía social, es fundamental que impere la certeza de las leyes, lo que implica que las leyes sean eficaces, es decir cuya aplicación por los tribunales de justicia sea previsible y segura.

De la seguridad jurídica se originan los principios procesales de debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos, irretroactividad de la ley, juez natural, independiente e imparcial, tipificación legal de delitos y sanciones, igualdad procesal, cosa juzgada, detención preventiva por excepción, temporalidad de la investigación penal y prescripción, entre otros.

Por consiguiente, el sistema de justicia debe ser garante de la aplicación eficaz de las leyes en los casos concretos. Esto supone que los juzgadores también se aboquen a una interpretación objetiva de las leyes aplicables, así como a la valoración razonable y pertinente de las pruebas.

Sin duda, los mayores enemigos de la administración de justicia pronta y cumplida son el subjetivismo y el prejuzgamiento. El subjetivismo supone actuar conforme la manera propia de pensar o sentir, incluso excluyendo lo objetivo, en tanto que el prejuzgamiento, que se traduce en juzgar a una persona o una cosa antes de conocerla o sin tener los datos suficientes.

Me preocupa que, con base en un supuesto relativismo jurídico, sustentado en dogmatismos ideológicos o políticos, se intente subvertir el orden jurídico establecido, a través del enjuiciamiento e inaplicación de las normas constitucionales o legales, así como de desatender el claro tenor literal de las normas, bajo el pretexto de abundar en su finalidad o espíritu a la hora de la interpretación de las normas aplicables.

La violación, la interpretación errónea y la inaplicación o aplicación indebida de las normas da pie a la ausencia de certeza jurídica, que se traduce en inseguridad de las personas, de los bienes y de los contratos, así como afecta negativamente la coexistencia pacífica, las interrelaciones entre las personas, el clima de negocios, la expansión económica, la generación de empleo y el desarrollo integral de las personas. Sin seguridad jurídica no hay paz, tranquilidad ni sosiego.