Viernes 17 DE Agosto DE 2018
Opinión

Sobre la ética y los controles en la arena mercantil

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias negativas para la sociedad”. (Convención de la ONU Contra la Corrupción).

— Edgar Balsells
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A partir de la declaración voluntaria de doña Paulina Paiz Riera en la Fiscalía de Delitos Electorales, en relación a un caso de financiamiento electoral ilícito a través del vehículo mercantil de la Empresa Novaservicios, S.A., el órgano jurisdiccional competente que concedió a los colaboradores el criterio de oportunidad, dictó un conjunto de sanciones que permiten una profunda reflexión sobre la forma de hacer negocios en el país. En efecto, se dictan forzosas medidas de ética y gobernanza a lo interno y lo externo, tanto en el plano del comportamiento individual/personal de las implicadas, como de la empresa y sus trabajadores.

Se manda así a la adopción de un programa de cumplimiento corporativo y el diseño de un Código de ética y conducta empresarial, y además aplicar las medidas correctivas derivadas de la implementación del programa de cumplimiento. Se deberá también divulgar internamente los resultados del nuevo programa y reportar al órgano jurisdiccional.

De igual manera para los conocidos empresarios de la Construcción ya sentenciados, y en los que se incluye a quien les representaba nada más y nada menos que en la Junta Monetaria, se les ordena implementar en sus respectivas empresas un programa de evaluación de riesgos y la designación de personal calificado para ejecutar y administrar la evaluación de riesgos. Además, explícitamente en la sentencia se hace alusión a tomar en cuenta lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, especialmente el capítulo del sector privado.

Si en verdad en Guatemala existiera el disenso y la argumentación amplia en los medios de prensa, académicos, gremiales y demás, estas sentencias históricas debieran servir para poner las barbas en remojo, pues si se quieren resolver los más agudos problemas del cacareado “clima de inversión”, se debieran estar diseminando estudios de casos para ser comentados en todas las universidades del país, en las cámaras empresariales y no digamos en los pomposos foros de Responsabilidad Social Empresarial, en donde se habla con cuidado, para no causar urticaria en la delicada epidermis de los grandes dueños de vidas y haciendas de estas comarcas.

La Convención citada, reconocida por nuestras cortes, manda a cada Estado a la refundación de su Derecho interno en función de la cruzada anticorrupción y a la adopción de una variedad de medidas preventivas y disuasivas. Busca además prevenir los conflictos de interés y velar porque las empresas tengan los adecuados controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y porque las cuentas y los estados financieros requeridos estén sujetos a
procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

Como vivimos en una cultura del anonimato y mojigatería, ello no permite ventilar estos temas de manera más amplia en virtud de que se trata de empresas que tienen una harta responsabilidad reputacional ante los consumidores y el público, es vital que entidades como el Colegio de Economistas y los institutos de contadores que solo se la pasan en entuertos electorales, revisen su accionar, dado que en todos estos casos de corrupción uno se pregunta: ¿y qué papel tuvieron los contadores y auditores internos y las grandes firmas de auditoría externa internacional que facturan millonadas año con año?

A fin de prevenir la corrupción, la Convención dicta que cada Estado miembro regule de buena manera los criterios para el registro contable, tal es el caso del registro de gastos inexistentes u operaciones mal consignadas, como las que se observaron en casos vinculados al Movimiento Cívico Nacional, los constructores cooptadores, y la falsificación de facturas dentro del Conglomerado Walmart, temas estos que parecen estar ya en el olvido.