Domingo 19 DE Agosto DE 2018
Opinión

Oportunidad para legitimarse

Soy de los que reclaman la reforma del sistema político porque este permite ese secuestro de la representación ciudadana en favor de dueños, caciques, financistas y grupos de interés.

— Lizardo A. Sosa L.
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En una democracia republicana, el soberano delega su poder en poderes constituidos mediante elecciones regidas por leyes que disponen los requisitos para participar. En Guatemala, la LEYDPP dispone para la elección de alcaldes ser inscrito por partidos políticos y comités cívicos electorales; y para la presidencial y diputados, la exclusividad de inscripción por “partidos políticos”. Los candidatos son proclamados con bombos o discretamente, pero su designación no representa una decisión democrática adoptada con participación de los afiliados ya que, con rarísimas excepciones, es dispuesta por el dueño del partido o comité, con determinante influencia de financistas y otros representativos de intereses ajenos a los de la ciudadanía, de donde deriva la escasa legitimidad de los electos, obligados a ganarla por sus obras y actos en el ejercicio del cargo; lejos de ello, lo ejercen ignorando esa condición fundamental de la gobernabilidad. Es, pues, lo que certeramente se ha venido llamando como “secuestro” de la representación ciudadana por los dueños y dirigencias nacionales y locales de los partidos, quienes imponen sus candidaturas o las ceden a voluntad de los financistas o atendiendo otras razones.

Soy de los que reclaman la reforma del sistema político porque este permite ese secuestro de la representación ciudadana en favor de dueños, caciques, financistas y grupos de interés, con base en la LEYDPP y en la misma Constitución Política (Artículo 157 con distritos electorales que imposibilitan tanto el contacto con candidatos y electos, la expresión ciudadana informada al designar autoridades partidarias y candidatos a cargos de elección popular, así como el ejercicio del control ciudadano) que explica la ausente legitimidad de los poderes constituidos que consecuentemente se ejercen en niveles de aceptación mínimos y de rechazo máximos, más ocupados en protegerse y defenderse del descontento popular o de procesos legales derivados de actos ilegítimos y hasta delincuenciales. No es extraño entonces que, poderes constituidos para procurar el bien común y el desarrollo nacional, dediquen su tiempo y esfuerzo a defenderse y separarse de objetivos tales como la lucha contra la corrupción y la impunidad que debieran ser prioritarios en la gestión de cualquier poder legítimamente y no solo legalmente constituido.

Sin embargo, en una democracia representativa, son precisamente esos poderes constituidos quienes son, por haber recibido de los ciudadanos la delegación de su poder soberano, los obligados de cumplir con sus obligaciones constitucionales de servicio a la nación y tienen hoy la oportunidad de asumirlas y de apartarse de las angustias personales que les afligen. A ellos corresponde, faltando apenas un año para el proceso electoral 2019, con visión de largo plazo y desprendimiento de intereses personales y protagonismos políticos, asegurar reformas constitucionales y legales que fortalezcan la Democracia y el Estado de Derecho como mínimas condiciones para allanar el camino para que las generaciones futuras puedan construir la nación a la medida de sus aspiraciones y posibilidades, sin las limitaciones y prohibiciones legales y constitucionales vigentes. De lo contrario, habremos perdido otros cuatro años y los seguiremos perdiendo sucesivamente hasta que las condiciones obliguen –Dios no lo quiera– a un rompimiento institucional que sabremos cómo, cuándo y porqué comienza, pero no cómo y cuándo termina, ni quiénes serán los verdaderos favorecidos.