Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La comedia se volvió realidad

La justicia, la persecución penal y la investigación criminal no pueden ni deben estar en diálogos artificiales ni sujetas a  presiones externas.

— Amílcar Álvarez
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Con un criterio sibilino los todólogos quieren que la Judicatura sea suave con los delincuentes de cuello blanco cuestionando por encargo sus resoluciones, tratando de influir sin lograrlo en los que poseen un conocimiento legal sólido por su formación académica y experiencia en el cargo. Lo que persiguen es que la prisión preventiva se acomode a la condición económica y social del procesado y esquivar la cárcel, de tal forma que las medidas cautelares sean evaluadas en sentido laxo, concediendo arresto domiciliar cuando no procede por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga o las desvirtúe un juez chapucero y complaciente como el que autorizó sin justificación válida viajar a Israel al hijo y al hermano de Jimmy, sin pito que tocar en el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Por si fuera poco, la canciller con la venia del presidente Morales cometió la torpeza de crear un conflicto diplomático con Suecia y Venezuela, ignorando la realpolitik por no saber el oficio, –realidad difícil de asumir– sin reparar que les queda poco tiempo para seguir haciendo averías antes de parar en el bote, al menos ella por exportar productos no tradicionales muy apetecidos: niños. Otro tema que les gusta manosear es la presunción de inocencia y el debido proceso, garantía constitucional que el juzgador puede violar por ejercer una función jurisdiccional pero no el Ministerio Público ni la CICIG al no tenerla, pudiendo el agraviado en todo caso, hacer valer sus derechos. Pasándose de listos los radicales tergiversan la verdad, creando confusión por el pánico que les provoca la posible imputación de la comisión de hechos delictivos, justificación suficiente para difamar a don Iván con odio jarocho. Por su parte, el Organismo Judicial fiel a la misión de impartir Justicia, garantizar la seguridad jurídica y la realización del bien común, debe rechazar cualquier tipo de presión dejando claro que guarda distancia con intereses ajenos a su función, no digamos de los proyectos de ley diseñados a la medida en el Congreso por los sastres de los corruptos que pretenden perpetuar la impunidad y denigrar a los jueces capaces, honrados y dignos. Los talibanes locales desconocen que el concepto de Justicia y Derecho –su contenido– implica igualdad ante la ley, armonía y proporcionalidad que consiste en dar a cada quien lo suyo, reforzando la moral del Estado teniendo presente el aforismo Lex sed Lex. También  ignoran que la sentencia es un hecho jurídico, un acto jurisdiccional, no una manifestación de la voluntad del Juez que por mandato legal resuelve las cuestiones accidentales y principales del juicio.

La justicia, la persecución penal y la investigación criminal no pueden ni deben estar en diálogos artificiales ni sujetas a  presiones externas. Su perfeccionamiento es una constante que pasa por el análisis de expertos en la materia, sin contaminarse con intereses de ninguna clase. Las propuestas que impulsan fórmulas de avenencia para ser blandos con la delincuencia de cuello blanco no son éticas, violan la ley y los principios de los profesionales dedicados a un trabajo especializado, poniendo en evidencia el interés solapado de subordinar las funciones del Organismo Judicial y del Ministerio Público al poder paralelo, distorsionando su naturaleza definida en la Constitución. Insinuar borrón y cuenta nueva es primitivo, y perverso afirmar, que la Justicia no considera los actos en su integridad ni los valora, lo que es impensable al ser la intencionalidad reconocida  indispensable en el ámbito del derecho penal. El MP y el Organismo Judicial deben ser ajenos a los vaivenes de la política y del poder ascendente de la mafia, cumpliendo su obligación de fortalecer la persecución penal y la Justicia. En ese sentido, urge establecer la carrera judicial terminando con la incertidumbre actual y combatir en forma oportuna y consistente la corrupción y la impunidad, provocadas por el verdadero poder que manda en silencio desde hace 500 años sin ser elegido. El añejo hacinamiento en los centros de detención se resuelve reformando el régimen penitenciario, adoptando y adaptando el modelo israelí que es muy eficaz, y agilizar los procesos haciendo una reingeniería en el sistema judicial antes que se desmorone. Joya: la verdad duele pero no incomoda.

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