Domingo 19 DE Agosto DE 2018
Opinión

Combate al contrabando

— editorial
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La Cámara de Alimentos y Bebidas (CAB), en reiteradas oportunidades, ha señalado que la falta de “voluntad política” ha causado un incremento en la internación a Guatemala de productos que no pagan impuestos o incumplen permisos sanitarios. Asimismo, la CAB ha expresado que tres de cada diez productos que se venden en el país son ilegales, por lo que ha solicitado insistentemente en que se refuercen las acciones contra el contrabando y la defraudación aduanera, que representa, en concepto de evasión tributaria, US$2 mil 200 millones (Q16.2 millardos), equivalente al 3.5 por ciento del PIB, o sea 12 veces la brecha de recaudación tributaria en 2017 (Q1.3 millardos).

Sin duda, una de las cabezas visibles de la hidra del crimen organizado en Guatemala es el contrabando (introducción o exportación de productos sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente) y la defraudación aduanera (mercaderías introducidas fraudulentamente). Las otras cabezas visibles del crimen organizado son el narcotráfico, la trata de mujeres y niños, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el tráfico de madera, el lavado de dinero sucio, el robo de vehículos, la corrupción estatal y el tráfico de personas.

El contrabando y la defraudación aduanera es la mayor fuente de evasión tributaria. Estos delitos no solo se traducen en defraudación tributaria, sino que también inoculan el veneno de la corrupción y la impunidad a todas las instituciones estatales, especialmente aquellas que están encargadas del control de legalidad y del castigo a los criminales.

El poder de la mafia es tan grande que el territorio nacional ha caído virtualmente bajo la férula, o sea bajo el control total, de la delincuencia organizada nacional y transnacional, que opera con absoluta impunidad. Esto, prácticamente, significa que el Estado es totalmente impotente para enfrentar a los gánsteres, a las bandas armadas, a las maras y al Estado paralelo.

La impotencia de la justicia sigue siendo patética. La conflictividad ha aumentado exponencialmente y el crimen reina en el país. La compra de voluntades se da a todo nivel y todo se “lava”. Se planea y ejecuta el asalto mafioso de las instituciones del sector justicia, así como el socavamiento del sistema de control financiero del Estado, sin que nadie objete o se oponga. El saqueo y defraudación de las arcas nacionales se hace con cinismo y desparpajo.

Ojalá, entonces, que por fin las autoridades se decidan a combatir y erradicar el contrabando y la defraudación aduanera, que, además de abatir los ingresos tributarios, genera una competencia desleal en menoscabo de los emprendedores formales (porque los contrabandistas comercializan sus productos a precios insostenibles para quienes tienen que tributar), que pagan impuestos, y quienes, casualmente, resultan ser los más fiscalizados por la Administración Tributaria, porque es a los que más fácilmente se les pueden hacer ajustes. ¿No es esto una insufrible ironía?