Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

¿Qué sería de los litigantes sin el amparo judicial?

El caso Bitkov justifica la existencia del amparo judicial.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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El amparo es una garantía procesal expedita que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia, para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. Es una garantía inherente al derecho de defensa especialmente en los procesos judiciales.

La Constitución de 1965 restringía el amparo dentro de los procesos judiciales así: “Es improcedente el amparo: 1o. En asuntos del orden judicial respecto de las partes y personas que intervinieren en ellos. Sin  embargo, cuando no se haya dictado sentencia, podrá recurrirse de amparo contra la infracción al procedimiento en que incurra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los asuntos sometidos a su conocimiento”. Asimismo, en la Ley de Amparo, emitida por la Asamblea Constituyente en 1966, se exigía que en el escrito de interposición del amparo se consignara la “declaración jurada de la persona que interpone el recurso sobre que los hechos que afirma son ciertos y que no le constan otros que desvirtúan la acción promovida”. Esta declaración jurada suponía que si el amparo se declaraba improcedente, el accionante y el abogado auxiliante podían ser encarcelados por el delito de perjurio.

La actual Constitución de Guatemala (1985) establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procede siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes emanados de autoridad lleven implícitos amenazas, restricciones o violaciones a los derechos constitucionales y legales; de suerte que el amparo es irrestricto y de amplio espectro. Sin embargo, la actual Ley de Amparo dispone que puede pedirse amparo “en los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.

Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) publicó en su portal de Internet la sentencia de apelación de amparo de fecha 25 de abril de 2018, recaída en los expedientes acumulados 6098.2017 y 6130-2017, mediante la cual se confirma la sentencia de primera instancia de amparo de fecha 19 de octubre de 2017, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en la que se otorga amparo al ciudadano ruso Igor Bitkov, así como a su esposa Irina y su hija Anastasia, quienes habían sido declarados culpables de la comisión de los delitos de alteración y supresión del estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación de estado civil y condenados a prisión y multa, por no haberse observado el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Convención de Palermo), que protege a los migrantes, al momento de la apertura del juicio penal.

Como podrá advertirse, el caso Bitkov es un ejemplo elocuente en el que el amparo operó para restablecer los derechos y garantías procesales violados dentro de un proceso judicial, extremo que ha venido a confirmar la importancia y justificación de la existencia del amparo judicial. ¿Qué hubiera ocurrido si los sindicados no hubieran podido accionar de amparo porque este estuviera restringido o prohibido en nuestro país?

De cualquier manera, aprovecho la oportunidad para reiterar que la recurrencia al amparo en Guatemala solo disminuirá si la CC efectivamente disuade a las autoridades administrativas y judiciales de adoptar actitudes, resoluciones o actuaciones amenazantes o violatorias de los derechos fundamentales de los interesados y litigantes dentro de los respectivos trámites administrativos y judiciales, o excediéndose de sus facultades y funciones, mediante la condena a las autoridades infractoras al pago de las costas (honorarios y gastos causados), así como al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los agraviados, lo que, en general, no está ocurriendo aunque está previsto expresamente en la Ley de Amparo. Lo anterior sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales.

 

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