Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

¡Basta ya con la degradación política!

El actual gobierno debe comprender que ha consumido su legitimidad de la manera más irresponsable.

— Jorge Mario Rodríguez Martínez
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El examen de la propia vida es una obligación moral propia de todo ser racional. Dicha obligación se proyecta como un deber de conciencia que busca un bien general que se proyecta, incluso, hasta las futuras generaciones. Por esta razón, toda comunidad política debe adoptar una actitud crítica respecto a las decisiones que toman aquellos que fungen como sus representantes.

Ahora bien, siempre existe una serie de condicionamientos sociales que dificultan el cumplimiento de los imperativos políticos de naturaleza individual y social. En ese sentido, una sociedad resquebrajada crea un escenario moral abyecto, en donde campean actitudes serviles frente a personajes que defienden proyectos totalmente distorsionados. Según el grado de degradación política, aumenta el número de personas que acuden a mediocres justificaciones para no involucrarse en la resistencia racional al descalabro político. Parece que a estos ciudadanos siervos no les importa ni siquiera el futuro de sus descendientes.

En este contexto, los grupos conservadores guatemaltecos hacen gala de su centenaria carencia de visión política. Con la ayuda de un gobernante que no tiene ni ideas políticas claras ni temple de estadista, este conglomerado quiere evitar su desaparición definitiva. Un aliado así es idóneo para una casta política cuya corrupción solo se ve superada por su incompetencia.

De ahí, esa aberrante defensa de modos de organización política que han sido superados por la historia. El simple hecho de que se siga hablando de Estado de derecho en lugar de Estado constitucional de derecho denota un desfase histórico que, casualmente, se adecúa a la conservación de los intereses más cuestionables. Estos sectores ignoran que el modelo constitucional, basado en los derechos humanos, es una conquista humana que hace que el Estado se someta a una racionalidad moral que dista mucho de los modelos políticos que querían encerrar al ser humano dentro de cárceles nacionales en las que pueden reinar los más peligrosos dictadores.

El orden local es inevitable, pero este no tiene que ser interpretado en el sentido nacional que tanto entusiasma al patriotismo decimonónico. No puede existir un compromiso con la dignidad de la nación cuando los ciudadanos carecen del respeto básico de derechos humanos. No existe seguridad nacional que valga para justificar esta atroz situación.

En consecuencia, se vive en medio de una ceguera moral política encapsulada por una estructura jurídica incoherente y frágil. Vivimos en un régimen de hecho y punto. Un Congreso ilegítimo abofetea constantemente a una sociedad que, para ajuste de cuentas, parece no estar consciente de su derecho a la resistencia constitucional. En la galopante imaginación de esos políticos se construye un reino dieciochesco en el que nada puede estar encima de la voluntad de un soberano difuso que solo exige la continuidad de un orden degradante.

El actual gobierno debe comprender que ha consumido su legitimidad de la manera más irresponsable. Es sumamente peligroso, entonces, que se agudice la percepción de que está acudiendo a medidas represivas anheladas por aquellos que nunca se convencerán del valor de los derechos humanos. Sus acciones deleznables tendrán consecuencias que ellos mismos vivirán quizás en cuestión de meses. Para entonces se escudarán en la presunción de inocencia, preocupados por un Estado de derecho que en este momento parecen incapaces siquiera de concebir.

 

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