Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Disparates legislativos

Fuera del daño causado. No valdría comentarlo.

— Helmer Velásquez
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La calidad ideológica, política, humana e intelectual de la legislatura actual. Es decididamente opaca. Dos que tres mentes brillantes, entre ciento cincuenta y ocho se notan poco. No logran influir ni informar al resto. El Congreso opera en contra de la sociedad. Su bisoño Presidente no tiene idea de conducción política. Los cuatro idiotas de Robinson provocaron una verdadera epidemia. De qué otra forma se explican ideas célebres, como las siguientes: Crear una Comisión para Investigar a la Comisión Internacional de Investigación. Desaforar al Procurador de los Derechos Humanos. Prescribir –en ley– cuestiones como: “Por las obligaciones que contraigan las ONG responderá su patrimonio y el de sus asociados” o exonerar de delito al Secretario General del partido político –responsable legal de la estructura– por dineros ingresados al Partido y no registrados, o por no identificar al donante. Son remedos legislativos. Muecas de simio en jaula de oro.

Mal haríamos, en comparar a estos dueños de curul con históricos tribunos: Adolfo Mijangos López, por ejemplo. Lo que tenemos hoy, son personas de moral distendida, que abusan de los espacios institucionales generados por la lucha social. Existe una apropiación ilegítima de la institucionalidad del Estado. Un peligro para la salud democrática del país. No hacen política, hacen pactos. Manipulan segmentos populares. Los constituyen en base política clientelar. De escasa lealtad. Pero útiles al momento. Sin embargo, pueden transformarse en huestes de choque, de un régimen populista amorfo y corrupto. La historia lo certifica. Diferentes gobiernos: desde Alfonso Portillo, para acá, lo han logrado con sindicatos públicos y estructuras campesinas, que han resultado útiles al régimen. Así, que a quienes no logran comprar, los viejos y nuevos cuadros, democráticos: buscan penalizarlos, sacarlos del sistema de legalidad. Ese es el fin último de la cacareada “fiscalización de las ONG” –iniciativa 5257– anteproyecto no contiene ningún elemento de fiscalización financiera, obviamente porque lo existente es suficiente. Persigue –eso sí– ejercer control político y facultar a la seguridad del Estado a través del Ministerio de Gobernación para cancelar organizaciones sociales –ojo que no solo ONG– cuando estas; a discreción de un burócrata, que así lo interprete, incumplan sus fines o alteren el orden público. Lo cual –según la iniciativa– se regulará en reglamento, que elaborará el Ejecutivo.

Son estertores. Lo viejo esta por morir –y se resiste. Normal, ha ocurrido en diferentes ciclos históricos. Esta sociedad –parafraseando al difunto– pasará sobre las mentes ahistóricas, huestes oportunistas y los representantes de poderes fácticos que cohabitan en el Parlamento.

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