Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Burocracia versus modernización del Estado

Las funciones de las entidades de Gobierno no se pueden paralizar, por lo que el derecho a huelga y manifestaciones debe de quedar totalmente prohibido.

— Juan José Micheo Fuentes
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En un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) del año 2007 sobre el tema de los servidores públicos anotaba que el 85 por ciento del personal a nivel gerencial del Estado cambia cada cuatro años y el 55 por ciento del personal permanente se remueve en cada cambio de Gobierno (…), el 70 por ciento de los burócratas no está capacitado en sus funciones (…) y las remuneraciones de la curva salarial del burócrata es 60 por ciento menor a la de la iniciativa privada.

Esas cifras son impresionantes por la alta rotación de personal que supone, lo cual demuestra en alguna forma la ineficiencia en la prestación de los servicios que el Gobierno proporciona a los ciudadanos. Ya desde hace años los servicios de salud, educación, infraestructura y de seguridad son mediocres y deficientes. Llega a tal extremo que nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente trabaja en el Estado, y cuántos son permanentes y cuántos bajo contrato. Pero, lo que sí se conoce es que el personal sindicalizado del Ministerio de Educación Pública suma más de 50 mil afilados y los del Ministerio de Salud Pública más de 25 mil afiliados.

Es importante hacer una separación entre las agrupaciones sindicales de la empresa privada y las del sector público, siendo la principal razón de ser de un sindicato privado las negociaciones de condiciones de trabajo. Cuestión que en el campo público no debiera permitirse ya que la política salarial debe ser general y aplicarse a todo funcionario del sector público. Y la misma debiera estar armonizada con un escalafón y a los méritos y resultados alcanzados por cada empleado. Así mismo, las funciones de las entidades de Gobierno no se pueden paralizar, por lo que el derecho a huelga y manifestaciones debe de quedar totalmente prohibido. La falta de ese tipo de disposiciones ha ocasionado que los sindicatos en el sector público pongan de rodillas a los gobiernos de turno, al negociar convenios de condiciones de trabajo excesivos y que no cuentan con fuentes de financiamiento para ser cumplidos. No conceder las demandas a los sindicatos significa manifestaciones y otros medios de presión no convencionales que caen más en el campo de la ilegalidad. Llegan a tener tal poder que pueden inclinar la balanza en determinadas circunstancias políticas lo cual es inconveniente desde todo punto de vista.

 Todo debe empezar por una nueva Ley de Servicio Civil que premie la meritocracia, lo cual se inicia seleccionando a los mejores elementos, que tengan aptitudes, principios y valores y que demuestren capacidad técnica y administrativa para desarrollar las labores de los puestos de trabajo. Lo que se busca es tener servidores públicos idóneos y honestos, que hagan carrera en el sector estatal, alejados de la partidocracia y de estructuras paralelas. Gerentes que gestionen, ejecuten y administren correctamente los planes, programas y presupuestos enmarcados en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

Es necesario establecer el concepto de la “gerencia pública” para que puedan prestarse servicios de alta calidad a los ciudadanos que se reduzcan los tiempos de espera en las gestiones y eliminen trámites innecesarios que solo dan origen a corrupción. El Gobierno Electrónico debe ser implementado para transparentar los concursos de la obra pública y proveeduría del Estado, que respondan a una nueva Ley de Contrataciones. Por otra parte, se necesita hacer una reingeniería de procesos, reestructuración y eliminación de actividades duplicadas en oficinas de Gobierno que no agregan valor, buscar ahorros en el presupuesto, así como establecer mecanismos de verificación en la ejecución y calidad del gasto público. Implementando acciones como las anteriormente sugeridas si lograremos tener un Estado moderno, eficiente y competitivo.

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