Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Abono a la inestabilidad

Rubio ¿en nombre de quién?

— Edgar Gutiérrez
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Desde el fin de la guerra fría, hace 30 años, Washington redefinió su política latinoamericana –gobernada siempre por el radar de las amenazas-, en base a los postulados del mercado y la democracia, prescindiendo de la vieja lupa ideológica del anticomunismo. En agosto de 2014 declaró al cono norte de Centroamérica como una de las cinco amenazas globales a su seguridad nacional, dado el fracaso de las elites de construir Estados nacionales prósperos y seguros. Y definió una agenda con 16 issues para mitigar las amenazas en la zona, entre ellos, fortalecer la justicia y apoyar a la Cicig.

Los frutos de la Cicig son el éxito más notable en la historia de Guatemala de lucha contra la impunidad y la corrupción. Es el que tiene mayores chances de enraizamiento; además, es barato, en términos de cooperación internacional, si se compara con los Cascos Azules y otras misiones convencionales y experimentales.

De la mano de la Cicig, el MP fue la cabeza de playa de una política de integridad y poco a poco se sumaron otras instituciones –al menos sus cabezas, en un sistema todavía frágil y sin reformas orgánicas– hasta constituir un pequeño archipiélago con la actual CC, el Mingob bajo Rivas, la Sat de Solórzano Foppa, la PDH de Jorge de León y ahora de Jordán Rodas, y la Contraloría de Mencos. En los últimos meses, sin embargo, con la complacencia de Jimmy Morales varias de estas instituciones fueron descabezadas y recapturadas por las mafias. Eso muestra lo gelatinoso del sistema y sus instituciones.

La política bipartidista de
Washington hacia Guatemala sigue intacta, pero no está libre de sobresaltos. El lobby empresarios-gobierno ha sido impreciso y árido, pero persistente y bien financiado. Por otro lado, desde la elección de Trump, Washington atraviesa por una marea de incertidumbres. Varios de sus pilares de política exterior están socavados, aunque resulta alentador el reciente arribo de Mike Pompeo al Departamento de Estado, pues está restableciendo las jerarquías. Pero estamos en temporada de “posverdad” (que desplaza a la evidencia), mientras la trasnochada ideología de la guerra fría y el fundamentalismo religioso ensordecen la razón.

En el Capitolio también se cuecen habas. El último estertor de Bill Browder, inserto en las dinámicas de las mafias rusas y los abusos contra los derechos humanos del régimen de Putin, fue la solicitud del senador Marco Rubio de congelar la asistencia a la Cicig. El fundamentalismo y el financiamiento van esta vez de la mano. Literalmente, Rubio quiere dar un tiro al pie a los intereses de seguridad nacional de su país. Su solo anuncio del viernes 4 abona a prolongarnos la tensión política y la agonía del régimen corrupto, y afloja las manos de los gatilleros. A contrario sensu de sus intereses nacionales, el gesto de Rubio genera inestabilidad en el sur de su frontera. La marginalidad internacional de Guatemala facilita los exabruptos, aunque hay una masa crítica en Washington que reconoce los avances recientes del Estado de derecho, con el concurso de la Cicig.

La solicitud de asilo de los Bitkov ya está en el escritorio de Jimmy Morales. Si Browder en verdad quiere servir de manera eficiente y coherente a su causa –sin dañar a Guatemala– tiene la mirilla: el representante del VTB Bank ruso ha sido Henry Comte, magistrado suplente de la CC elegido por Jimmy Morales. El interventor de Migración, cuando los Bitkov cayeron o buscaron la red mafiosa que les documentó ilegalmente, era el actual ministro  Degenhart. ¿Por qué no busca quién se las debe y no quién se las paga?

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