Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Nombramiento del Procurador General

El PGN ejerce la representación del Estado en el plano interno.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Conforme la Constitución, corresponde al Presidente de la República designar al Procurador General de la Nación (PGN), quien es el Representante Legal del Estado y el jefe de la Procuraduría General de la Nación, para un período de funciones de cuatro años. El actual período del PGN vence el 18 de mayo de 2018, por lo que en los próximos días el Presidente Jimmy Morales deberá designar al sustituto de la abogada Annabella Morfín Mancilla, quien desempeñará el cargo de PGN hasta la fecha indicada.

El PGN, en su carácter de representante legal del Estado, actúa en defensa y protección de los intereses estatales con estricto apego al régimen de legalidad, por lo que es un funcionario que está obligado a velar y exigir la debida interpretación y aplicación de la Constitución y la ley en los casos concretos en los que intervenga, lo que supone, además, no consentir abusos, ilegalidades, arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos durante la substanciación de los respectivos procesos y procedimientos.

En todo caso, cabe advertir que el PGN ejerce la representación del Estado en el plano interno, ya que, de conformidad con la Convención de Viena, la representación legal del Estado en el plano internacional, ya que ésta le corresponde, con exclusividad, al Presidente de la República (como jefe de Estado y de gobierno) y/o al Ministro de Relaciones Exteriores.

De ahí que se ha cuestionado la designación de mandatarios judiciales con representación por parte del PGN para representar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir en un plano internacional.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional, tiene la función de asesoría y consultoría a todas las entidades y órganos del Estado, lo que se traduce en que la misma, indefectiblemente, debe ser la generadora de todas las opiniones, dictámenes, observaciones técnicas, consejos y apoyos en general sobre cualquier materia (jurídica, económica, ambiental, desarrollista, social, legislativa y demás) que soliciten las distintas instituciones estatales.

Asimismo, conforme lo ordena el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, la Procuraduría General de la Nación interviene en procedimientos especiales (sucesorios) y relativos a la jurisdicción voluntaria.

En los últimos tiempos, el PGN ha jugado un rol protagónico en casos relevantes, tales como la demanda de nulidad planteada del contrato de usufructo oneroso celebrado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), el cuestionamiento de algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos en el sector público y una participación más activa en materia de observancia del régimen de legalidad.

En mi opinión, el cargo de Procurador General de la Nación debería ser ocupado por un abogado de quilates, un jurista acucioso, estudioso y de talento, un profesional juicioso y probo, con experiencia, carácter e independencia de criterio. Inequívocamente, el nuevo PGN debería orientarse a preservar la neutralidad política de la representación legal del Estado y de la función de consultoría y asesoría institucional, así como a garantizar la legalidad, la pertinencia, la razonabilidad y respeto de los derechos humanos en la gestión pública en general.

Ojalá que el Presidente Morales designe como PGN a un profesional del Derecho capaz, idóneo y honorable, que esté comprometido con el modelo del buen gobierno.

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