Sábado 20 DE Abril DE 2019
Opinión

Resultados de la consulta popular

— editorial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a petición del gobierno, programó que el domingo 15 de abril de 2018 se celebrara la consulta popular sobre el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), suscrito por los gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre de 2008.

Según informaciones preliminares del TSE, concurrió a votar el 26.33 por ciento de los ciudadanos aptos para sufragar, lo que supuso un abstencionismo del 73.67 por ciento. En la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994 la participación fue de 15.88 por ciento, en tanto que en la consulta celebrada el 16 de mayo de 1999, fue de 18.55 por ciento. Estas dos últimas fueron convocadas para la ratificación de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.

O sea que la participación ciudadana en la reciente consulta popular superó la concurrencia a las dos anteriores, lo que supone un récord de participación en materia de procedimientos consultivos, llevados a cabo en el marco de lo que ordena el Artículo 173 de la Constitución. El 95.87 por ciento de los votos fue a favor del “sí”, es decir a favor de que el diferendo territorial entre Guatemala y Belice sea sometido a la CIJ para su resolución definitiva, en tanto que el 4.13 por ciento votó a favor del “no”.

Por consiguiente, la ciudadanía guatemalteca, en consulta legítimamente celebrada, aprobó el referido acuerdo especial. Ahora toca a las autoridades beliceñas organizar la consulta a los ciudadanos beliceños sobre la sumisión del diferendo territorial entre Guatemala y Belice a la CIJ, lo que se esperaría que ocurra a la brevedad.

En todo caso, si se aprueba el indicado acuerdo especial en las consultas que se celebren en ambos Estados, estos deberán solicitar a la CIJ que determine, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la CIJ, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala contra Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambos Estados en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas. Además, las partes quedarán obligadas a aceptar como definitivo y obligatorio el fallo de la CIJ, así como a cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de buena fe.

Por otro lado, si una de las poblaciones no aprueba, en consulta, el referido acuerdo especial, este quedará sin efecto jurídico alguno, por lo que se esperaría que ambas poblaciones, de buena fe, favorezcan, por mayoría, someter el indicado diferendo territorial a la resolución de la CIJ y así poner fin al litigio centenario, que ha mantenido una relación tirante entre ambos Estados, desde que Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981.

En todo caso, cabe advertir que la concurrencia a las urnas el pasado domingo en nuestro país ocurrió, incluso, sin que el TSE llevara a cabo una campaña cívica apropiada, a pesar de que este contó con suficientes recursos financieros (Q300 millones) para el efecto, lo que supuso una absoluta falta de compromiso de la actual magistratura del TSE con un asunto de la mayor importancia y trascendencia para Guatemala. También hubo graves deficiencias e imprevisiones en materia de logística electoral imputables a la autoridad electoral. Por otro lado, los grandes perdedores de la jornada electoral del domingo pasado fueron quienes apostaron a que el abstencionismo fuera mayor al acaecido en las dos consultas populares anteriores, y que el mismo se interpretara como una suerte de referendo revocatorio contra el presidente Jimmy Morales, tal y como se interpretó el resultado negativo de la consulta celebrada el 16 de mayo de 1999 durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), que redundó en una debacle electoral para el entonces oficialismo en los comicios celebrados el 7 de noviembre de 1999. Otros derrotados de la jornada fueron los oportunistas que equivocadamente asumieron un desenlace contrario a la aprobación ciudadana del mencionado acuerdo especial.

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