Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Una tacha inadvertida

Fecha de publicación: 18-04-18
Por: Jose Rubén Zamora

Ayer hubo mucha sorpresa y satisfacción con la selección de los seis candidatos a Fiscal General y por el trabajo realizado por la Comisión de Postulación, que permitían colegir que el combate contra la corrupción  y la impunidad seguirían adelante.

Sin embargo, a finales de la tarde, examinando documentación sobre los seis candidatos escogidos, saltó la liebre: la candidata Gladys Verónica Ponce Mexicanos tiene al menos una tacha que pasó inadvertida para la Comisión de Postulación, para los grupos de la sociedad civil que acompañaron diligentemente el proceso y sobre todo para la Prensa independiente.

En un viejo conflicto de tierras, la licenciada Gladys Ponce representó a una de las partes en conflicto, con la asistencia del ingeniero Mario Mansilla (consultor experto). También participó el Ministerio Público por medio de la auxiliar fiscal Melany Sián y el agente fiscal Edwin Marcell García.

A petición del cliente de la abogada Ponce, el Ministerio Público requirió, como corresponde, al Registro de Información Catastral y esta institución delegó en el Jefe de Normas y Procedimientos y Control de Calidad, quien atendió el requerimiento, realizó la investigación registral y catastral, los estudios técnicos, supervisó, coordinó y confeccionó los informes, acompañado en todo el proceso por las partes en conflicto, sus abogados y el Ministerio Público.

El Jefe de Normas y Procedimientos y Control de Calidad del Registro de Información Catastral del RIC terminó la investigación y la presentó a todos los involucrados.

El cliente de la licenciada Gladys Ponce salió afectado en sus reclamaciones, cosa que ya le había sucedido a sus familiares en dos juicios anteriores, el último en 1998, en el que derivado de la resolución de los tribunales el conflicto había quedado supuestamente finalizado.

La licenciada Ponce, insatisfecha con los resultados de la investigación, denunció al Jefe de Normas del RIC por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros (Causa No. 01078-2016-318, Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal), también denunció a los fiscales del Ministerio Público (Denuncia Administrativa No. 828-2016)

En los primeros días de 2017, en los despachos centrales del RIC, se presentó el “consultor experto”, que acompañó presencialmente todo el proceso, desde las inspecciones hasta el resultado de la investigación, y dijo al Jefe de Normas y Procedimientos del RIC que el informe estaba mal confeccionado, que había que corregirlo y le entregó un manuscrito de cómo debía quedar finalmente el informe. El Jefe de Normas del RIC le reiteró al “consultor experto” que no había errores y que el informe final no cambiaría. El “consultor experto” insistió en que el informe estaba mal y que si se realizaban las correcciones respectivas, incluidas en el manuscrito, la licenciada Gladys Ponce procedería a retirar las denuncias que había promovido en su contra.

Aunado a lo anterior, consta en ese mismo litigio, en audiencia de fecha seis de enero del año dos mil diecisiete, en la causa que conoció el Juzgado Tercero de Instancia Penal (Causa No. 01078-2015-00305), la abogada Ponce Mexicanos, previo a celebrarse la misma, hizo un escándalo ante dicha judicatura, al extremo de que se puso a insultar, a gritar y a llorar, actitud que tuvo como consecuencia la suspensión de la audiencia, para finalmente plantear recusación en contra del citado juez tercero.

La referida abogada se dedicó durante mucho tiempo a plantear acciones penales contra restaurantes y otros establecimientos abiertos al público, contra quienes primero querellaba y luego requería el pago de sumas de dinero por la reclamación de derechos de autor, ya que aducía que estos ponían música o reproducían señales de televisión sin autorización legal, pero lo preocupante es el procedimiento que utilizaba, pues como se dice primero el proceso penal y luego cuando le pedían acreditar qué derechos representaba, era una nebulosa que dejaba cuestionándose a los querellados, que al fin y al cabo mejor negociaban y pagaban para no seguir encausados, lo cual generó mucho malestar en los afectados.

Se puede observar que la abogada Ponce Mexicanos, en los procesos que ahora se mencionan y en este otro tipo de casos por derechos de autor, utiliza la estrategia de intimidar a quien se le ponga enfrente, sector privado y funcionarios públicos (entiéndanse fiscales, jueces y a cualquier otra persona que interviene en los litigios que ella patrocina) con el único objeto de que cedan a las pretensiones que ella promueve en representación de sus clientes.

Hasta para un niño de dedo es evidente que la licenciada Ponce Mexicanos montó un escenario de extorsión y chantaje, en función de los intereses de sus clientes y sus acciones denotan amoralidad, pragmatismo pervertido y ausencia de escrúpulos y carece de los atributos y cualidades para ser Fiscal General.

Todo lo que he escrito consta en la Agencia 4, Unidad de la Dirección de la Investigación, Fiscalía de Distrito Metropolitano, expediente  MP 020-2015-2972 y en la Agencia 6, Unidad de la Dirección de la Investigación, Fiscalía Distrital

Metropolitana,  expediente MP001-2017-15505, así como en varios otros expedientes en los que promovió querellas alegando violación a derechos de autor y está a disposición de quienes quieran verificarlos.