Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Sin fiscal independiente no habrá paraíso

Para que Guatemala recupere gobernabilidad y flujos de inversión que generen empleo a gran escala, hace falta la presencia nacional de un Ministerio Público fuerte e independiente.

— Manfredo Marroquín
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El proceso para elegir a un nuevo fiscal general para el periodo 2018-2022 ha llegado a la última etapa que por un mal diseño constitucional está en manos del presidente de la República elegir a tan importante cargo. Resulta paradójico y alejado de todo sentido común que un cargo que necesita independencia y objetividad para cumplir con sus funciones, esté en manos de alguien que potencialmente pueda tener conflicto de interés como ocurre en el caso actual.

Desde su creación en 1993, ha sido evidente que la mano visible presidencial en la selección final de tan importante cargo para el desarrollo del Estado de Derecho en el país, ha sido un freno y un obstáculo para que esta institución construyera capacidades suficientes para perseguir con técnica e independencia la diversa gama de delitos que ocurren en el país.

Fue con la presencia en el país de la CICIG que finalmente el MP empezó a figurar en la agenda nacional como una institución relevante y de primer orden en el combate a la impunidad, cosa que durante sus primeros 15 años de vida no ocurrió y son contados los casos emblemáticos que se resolvieron en ese periodo.

Al asumir la conducción de CICIG en el 2014, el comisionado Iván Velásquez logró lo que parecía improbable de conseguir y eso fue coordinar y trabajar mano a mano con la fiscal general electa por el expresidente Pérez Molina y que en teoría estaba llamada a proteger a los más altos funcionarios de ese gobierno de cualquier persecución penal en su contra.

La fiscal general Thelma Aldana asumió el liderazgo que ningún otro antecesor tomó en la lucha contra la impunidad, potenciando las capacidades institucionales aprovechando el asesoramiento de CICIG y creando una fiscal especial que hoy lidera la mayoría de investigaciones en que se involucra a personajes de cuello blanco que antes eran intocables y hasta venerados por sus picardías.

Al asumir la presidencia el actual mandatario en lugar de sumarse a la agenda contra la corrupción y la impunidad que cuenta con apoyo nacional mayoritario y el consenso internacional, y que además creó las condiciones posibles para su elección como presidente, optó por distanciarse y convertir al MP y CICIG en sus principales adversarios, aliándose para ello con los sectores que defienden un statu quo insostenible y contrario al mandato que recibió en las urnas.

La obstinación del presidente lo ha llevado a quedarse virtualmente aislado en su propósito de reducir el papel de la CICIG a la persecución de maras y de asesoría técnica. En la cúpula del gobierno no se entiende que erradicar los delitos como la extorsión, el robo, el secuestro y tantos otros que golpean con dureza a las personas y la economía nacional, solo será posible si al mando de las principales instituciones del país se encuentra a personas probas y capaces alejadas de las redes político-económicas que las cooptaron para ponerlas al servicio de sus negocios corruptos.

Para que Guatemala recupere gobernabilidad y flujos de inversión que generen empleo a gran escala, hace falta la presencia nacional de un Ministerio Público fuerte e independiente que combata el crimen en todas sus expresiones y en todos los rincones del territorio nacional. Hoy en día este objetivo está muy lejos de ser cumplido con una presencia mínima y una inversión insuficiente que apenas llega a cubrir el diez por ciento de los municipios.

Afortunadamente para el país, la escogencia del presidente se reduce a una lista corta que ha pasado algunos filtros operados por la Comisión de Postulación pero además en esta última fase del proceso la sociedad organizada del país le hará ver al presidente que sus intereses personales no tienen cabida en un asunto del que depende el desarrollo integral de la Nación.

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