Martes 19 DE Junio DE 2018
Opinión

¿Candidato presidencial independiente?

La partidocracia se ha convertido en una clase aparte.

— MARIO FUENTES DESTARAC
Más noticias que te pueden interesar

Hace algunos años planteé la posibilidad de que la autoridad electoral  aceptara la participación de candidatos presidenciales independientes en las elecciones, es decir presidenciables no postulados por partidos políticos. Esta alternativa a la partidocracia, que ya fue aceptada en México, se sustenta en que la Constitución no lo prohíbe y, más bien, lo garantiza expresamente.

Efectivamente, los derechos a ser electo y optar a cargos públicos están consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, nuestra Carta Magna no dispone que los candidatos presidenciales deban ser postulados por partidos políticos y únicamente exige que sean guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio, mayores de 40 años y, por supuesto, que no tengan impedimento legal para optar al cargo.

Por otro lado, si bien la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los partidos políticos pueden postular candidatos presidenciales, no excluye la posibilidad de que se presenten e inscriban presidenciables que no sean postulados por partidos, o sea independientes.

En Guatemala, la partidocracia se ha convertido en una clase aparte que vive de la política y no para la política, o sea que se sirve en lugar de servir. A su vez, la partidocracia se nutre del clientelismo político (intercambio de favores por votos y apoyo político), por lo que una importante porción del gasto público se destina a mantener clientelas partidarias. Además, la partidocracia se opone sistemáticamente a la autocrítica y a las necesarias transformaciones económicas, políticas y sociales, porque no está dispuesta a anteponer los intereses nacionales (el bien común) a los propios. Pero lo peor es que la vida política de la Nación está controlada por la partidocracia, lo que se ha vuelto asfixiante e insoportable, y ha redundado en una peligrosa deslegitimación del quehacer político, que se manifiesta a través del creciente abstencionismo, de la frustración y de la perenne ingobernabilidad.

Sin duda, los candidatos presidenciales independientes vendrían a oxigenar el sistema político y devolver la confianza ciudadana en la acción política, hacer realidad la politización de la sociedad (que se traduce en la amplia participación ciudadana en la política), viabilizar los cambios que la población está demandando, encarnar un liderazgo político moderno y responsable, así como hacer realidad el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que anunció Abraham Lincoln.

En mi opinión, en el hipotético caso de que resultare electo un presidenciable independiente, éste, por el hecho de no tener compromisos partidarios, podría conformar un equipo de gobierno sustentado en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, o sea integrado por los mejores y no por los correligionarios.

Asimismo, dado que el gobierno resultante no respondería a ningún partido, los apoyos políticos en el Congreso, con miras a la aprobación de proyectos de ley de interés nacional o general, podrían negociarse con objetividad y sin temor a hacerle el juego al partido oficial. A su vez, la fiscalización del Ejecutivo por el Congreso se llevaría a cabo sin el ánimo de desgastar al oficialismo, sino a la luz de la razonabilidad y la imparcialidad.

En todo caso, un presidente independiente no tendría que recurrir al clientelismo político para favorecer al partido oficial, lo que se traduciría en una mejor gestión de gobierno, en un gasto público de mayor calidad y en una eficaz rendición de cuentas. La independencia del gobernante también le podría dar un poder de convocatoria amplio en una sociedad cansada de las mentiras políticas y de la corrupción inherente a la cleptocracia alentada por la partidocracia, así como la capacidad de generar los necesarios consensos para impulsar la necesaria reforma política e institucional del Estado.

Finalmente, cabe traer a colación  el caso de Ramiro De León Carpio, quien fue un gobernante independiente (1993-6). Lideró un proceso de transición, que supuso una reforma constitucional y una renovación institucional. Negoció con los partidos representados en el Congreso y logró los apoyos políticos necesarios y oportunos. Contó con un poder de convocatoria importante y consiguió integrar equipos de trabajo para diversas tareas. Se reconoce que, aunque su gobierno no fue perfecto, que su gestión  oxigenó el sistema político y reencauzó la vida institucional del país.