Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Blindaje de mafias

Dinero y política, eterna mancuerna homicida de la democracia y del desarrollo.

— Franco Martínez Mont
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Trascender de un régimen representativo hacia uno participativo-popular en Guatemala, implica entre otras variables (movimientos sociales articulados, cultura política, etcétera) contar con una decente y equitativa LEPP, es mucho pedirle a una república bananera.

Empero, esta nace en un contexto contrainsurgente, diseñada para operativizar la cooptación del Estado (corrupción e impunidad privada), orientada a oligopolizar el sistema de partidos, aniquilando a las organizaciones de base popular, indigenistas y municipalistas vía fraudes o desigualdades, elitizando la función pública y criminalizando las formas de autogobierno ancestrales.

En 2017, tras una serie de reformas gatopardistas a la partidocracia y al sistema electoral, una camada de diputados del Pacto de Corruptos modificó en el Código Penal el delito de financiamiento electoral ilícito, una argucia para beneficiar a los Secretarios Generales de las organizaciones partidarias.

La agresividad es creciente para impulsar la agenda regresiva en materia de derechos humanos en el Congreso (más de 25 diputados con procesos de antejuicio), donde uno de los blindajes estratégicos del Pacto de Corruptos 2.0 es desregular el delito de financiamiento electoral ilícito, anónimo y donaciones no registradas. En concreto, menguar sanciones y promover la conmutabilidad de penas.

Ahora bien, hay que comprender varias cuestiones sobre este tema: a) la antirreforma al Artículo 407 del Código Penal es una salvaguarda para garantizar la impunidad e inmunidad del estamento político y partidocracia corrupta (cancelación de partidos en año preelectoral); b) evitar a toda costa el enjuiciamiento penal (priorizando juicios administrativos) y escarnio público de los carteles empresariales financistas de campañas (holding de telecomunicaciones, constructoras, transportistas, grupos alimenticios, maquilas, entre otros contratistas del Estado) y del narcotráfico; y c) el pliego de reformas no cuenta con representación y legitimidad ciudadana (TSE y OSC excluidas del proceso político).

A manera de colofón, más allá de galimatías técnicas, debe legislarse sin ningún tipo de privilegios, priorizando la transparencia electoral y la consolidación del Estado de Derecho. Por lo tanto, debe sancionarse penal y financieramente a las personas individuales o jurídicas que den, reciban y utilicen fondos ilícitos, anónimos y no registrados. Además, las condenas deben inhabilitar a los sujetos para optar a cargos públicos o ser proveedores del Estado.

framont@gmail.com

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