Jueves 19 DE Abril DE 2018
Opinión

La Corte que pretende reescribir nuestra Constitución…

Un Tratado Internacional, sin embargo, es un Acuerdo entre al menos dos partes.

— Lionel Toriello Nájera
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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió anteayer en la tarde “suspender para su trámite” la Acción de Inconstitucionalidad que Héctor Quezada Leonardo y el suscrito presentamos el 27 de marzo, para expulsar de nuestro ordenamiento jurídico al llamado “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, y con ello detener la celebración de la espuria “Consulta Popular 2018”, convocada para el próximo domingo 15 de abril. Adujo la Corte que según su propia jurisprudencia “…los tratados internacionales –tengan cualquier denominación– únicamente pueden ser objeto de examen de constitucionalidad a priori …mas no a posteriori…” y así pretende “lavarse las manos” y no entrar a calificar si el mentado “Acuerdo Especial” violó o no los mandatos constitucionales. Un Tratado Internacional, sin embargo, es un Acuerdo entre al menos dos partes, que para que nazca a la vida jurídica internacional, debe ser ratificado por ambas, cosa que no ha hecho Belice. De manera que no estamos pretendiendo se haga “examen de constitucionalidad a posteriori”, pues aún no existe “tratado internacional” que examinar…

Además, el “Acuerdo Especial” tampoco nació a la vida jurídica guatemalteca, pues fue firmado en violación flagrante de los mandatos expresados en el Artículo 19 del Capítulo de Disposiciones Transitorias y Finales de nuestra Constitución, y en el 173, que requerían que el mentado “Acuerdo Especial” se hubiese discutido pública y ampliamente y después aprobado mediante el voto de los ciudadanos en las urnas, antes de ser suscrito en nombre del Estado de Guatemala. El Canciller Haroldo Rodas firmó ese nefasto Acuerdo para Guatemala, sin estar legalmente facultado para hacerlo, y por consiguiente, el documento de marras es inválido desde el momento en que se firmó, en el 2008, nulo ipso jure. Eso es lo que debió calificar, sin evadir la cuestión cobardemente, nuestra pomposa y hasta ahora evidentemente inútil, Corte “de Constitucionalidad”.

Como ya he señalado en estas páginas con anterioridad, el “Acuerdo Especial”, incluyendo sus modificaciones, no solo es INCONSTITUCIONAL (y es deber de la CC calificarlo como tal, en vez de encontrar caminos bizantinos para evadir su responsabilidad), sino también DAÑINO. Es necesario repetir que es dañino para Guatemala por tres razones: (1) porque no garantiza la integración de un Tribunal imparcial (el antiguo Imperio Británico, representado en la ONU por 53 Estados de la “Commonwealth”, de los 193 que integran a la Organización mundial, debió haber sido explícitamente excluido, y no lo fue, del Tribunal que eventualmente juzgue el caso; cosa, por cierto, que permite el Estatuto de la CIJ, en su Artículo 26(2); (2) porque en vez de utilizar el criterio procesal de equidad (“Ex Aequo et bono”, Art. 38(2), Est. CIJ), como lo había venido solicitando Guatemala desde 1946, el Criterio que establece el Acuerdo es el de una jurisprudencia en la que nuestros abundantes yerros diplomáticos recientes constituyen irrevocables “expresiones unilaterales de voluntad” del Estado guatemalteco y se sumarán a la doctrina de inspiración británica “Uti Possidetis”, en la que ¡“el Territorio es de quien de hecho lo posea” al final de un conflicto!; y (3), porque es asimétrico: le permite a Belice esperar a ver el resultado de la Consulta en Guatemala, antes de convocar la suya. Si Belice no hace su Consulta, de todas maneras, Guatemala ya les habrá “regalado” otra “expresión unilateral de voluntad” que será utilizada en el futuro, en contra nuestra…

Si Guatemala deseara en el futuro someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia, debe hacerlo con base en un Tratado que nos dé las garantías de imparcialidad, de adecuado criterio procesal y de simetría, que este “Acuerdo Especial” no nos da, después de haberse discutido amplia y públicamente y con el consentimiento expreso de los ciudadanos expresado en las urnas que requiere nuestra Constitución. La “Consulta Popular 2018” NO PODRÁ LEGALIZAR al espurio Acuerdo Especial, pues no nos pide aprobación, aunque fuera extemporánea, de lo contenido en el mentado Acuerdo. Ojo: el Acuerdo seguirá siendo INCONSTITUCIONAL y por consiguiente, la Consulta es inútil y no nos llevará a una imaginaria era de paz y prosperidad, en armonía con Belice, sino que solo contribuirá a erosionar más, el legítimo reclamo de la Patria.

Con esta resolución la Corte de Constitucionalidad ha inutilizado de facto a los Artículos 173 y 19, transitorio, de nuestra Constitución Política, en vez de, como es su obligación, velar por cumplir y hacer que se cumpla nuestro Contrato Social básico. En vez de constituirse en ese último bastión en contra del abuso de los gobernantes que está llamada a ser, con esta resolución apaña a los conspiradores apátridas que han llevado a la Patria a esta difícil coyuntura. Pero la batalla no está aún perdida, pues los mandatos constitucionales siguen ahí, no pueden ser derogados por la CC, y consiguientemente, el Acuerdo Especial sigue siendo espurio e inconstitucional y mientras queden patriotas en Guatemala, seguirá siendo sujeto de merecidas impugnaciones. Qué triste que ante los ciudadanos conscientes de hoy, y ante los ojos de las generaciones futuras, algunos magistrados se estén cubriendo con un merecido manto de escarnio perpetuo, por fallarle a Guatemala, en su hora de necesidad…