Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Encarcelamiento de Lula Da Silva

— editorial
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A mediados del año pasado, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-11), fue condenado, en primera y segunda instancia, a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El pasado sábado, Lula Da Silva fue encarcelado preventivamente con miras a cumplir su condena de privación de libertad. Sin duda, este es un nuevo caso de un exgobernante latinoamericano que queda en prisión, por corrupción.

En julio del año pasado fueron detenidos y procesados penalmente el expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-6) y su esposa Nadine Heredia, por lavado de dinero.

A mediados del 2016, también fue detenido y procesado penalmente el expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca (2004-9), por enriquecimiento ilícito; en tanto que se encuentra prófugo de la justicia el exgobernante salvadoreño Mauricio Funes (2009-14), a quien el gobierno nicaragüense otorgó asilo político. El primer expresidente de El Salvador que fue encausado penalmente por corrupción fue Francisco Flores (1999-2004), quien falleció el 30 de enero de 2016.

A lo largo de la historia de Guatemala, solo ha habido dos exgobernantes que han sido condenados a prisión, por delitos cometidos en el ejercicio de la presidencia. El primero fue Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), después del triunfo del movimiento unionista en 1920, y el segundo fue el expresidente Alfonso Portillo Cabrera (2000-4), quien fue juzgado y condenado por un tribunal estadounidense, por la comisión del delito de lavado.

Ningún otro exgobernante guatemalteco sindicado de la comisión de delitos ha sido condenado a prisión, aunque actualmente están procesados penalmente los exgobernantes Álvaro Colom Caballeros (2008-12) y Otto Pérez Molina (2012-5), por actos de corrupción. El exgobernante Efraín Ríos Montt (1982-3) falleció durante el juzgamiento penal y los exgobernantes Romeo Lucas García (1978-82) y Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-6) murieron antes de ser imputados penalmente.

El común denominador en América Latina había sido que aún los más nefastos y odiados exgobernantes han escapado de la justicia oficial, a raíz de compadrazgos o pactos de impunidad, obtención de refugio en otros países o autoamnistías, entre otras razones.

No obstante, las cosas han venido cambiando. Las condenas contra los exgobernantes Bordaberry (Uruguay), Rodríguez (Costa Rica), Alemán (Nicaragua), Videla (Argentina), García Meza (Bolivia), Fujimori (Perú), Noriega (Panamá) y Calderón Fournier (Costa Rica), entre otros, así como los encausamientos penales contra Toledo y Humala (Perú), Fernández de Kirchner (Argentina), Lula Da Silva y Collor de Mello (Brasil) y Martinelli (Panamá), son ejemplos elocuentes de que el umbral de la tolerancia de los pueblos respecto del abuso de poder, de la violación a los derechos humanos y de la corrupción, ha ido bajando.

Tanto es así que los exilios dorados de exgobernantes sindicados de actos de corrupción como Cedras (Haití) y Serrano (Guatemala), entre otros, son más la excepción que la regla; y cada vez los Estados están más propensos y proclives a conceder la extradición de exmandatarios corruptos, así como a perseguir y confiscar los dineros robados. La adhesión a las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción, las cancelaciones de visas y las extradiciones son ejemplos elocuentes en ese sentido.

En conclusión, los exgobernantes corruptos ya no necesariamente podrán gozar de sus fortunas mal habidas, sin temor a ser castigados, porque la lucha contra la corrupción y contra la impunidad ha ido ganando terreno.

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