Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Apuesta por la democracia institucional

Las élites siguen apostando al personalismo

Fecha de publicación: 26-03-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

La democracia republicana es hoy en día el sistema político que goza de mayor prestigio y aceptación en el mundo entero, fundamentalmente porque es el que más garantiza el autogobierno de los ciudadanos y, asimismo, porque legitima razonablemente la autoridad y da viabilidad a la consecución de compromisos y acuerdos económicos, sociales y políticos. El Estado, bajo un régimen democrático y republicano, se transforma de un amo arbitrario, cruel y abusivo en un servidor subordinado a la ley, que protege a la persona humana y propugna por la realización del bien común.

Una democracia republicana moderna, además de respetar y defender los derechos humanos, garantizar un buen gobierno, asegurar un responsable ejercicio del poder político y velar por el efectivo imperio de la ley, protege la economía social de mercado e impulsa razonables políticas redistributivas del ingreso nacional.

En Guatemala, si bien se reconoce en la Constitución que nuestro sistema de gobierno es democrático y republicano, en realidad seguimos sin contar con una verdadera democracia institucional. Las élites, en vez de apostar al sistema de gobierno democrático y republicano, siguen apostando al personalismo o al caciquismo tradicional. No se percibe interés sincero en fortalecer las instituciones e impulsar el gobierno de leyes; por el contrario, se recrea incesantemente el círculo vicioso del gobierno de individuos (profesionales, técnicos, empresarios, militares, sindicalistas, maestros, activistas sociales, jueces, fiscales, etcétera). Luego, la acción política no es el resultado de la construcción de un proyecto de nación, sino que es el resultado de ambiciones personales que anteponen el interés particular al interés general.

Las élites tampoco aceptan que lo fundamental de los procesos político-electorales no es la lucha por el poder per se, sino que los acuerdos sociales, resultantes del diálogo y la negociación abierta y franca, en los que no solamente deben definirse los fines y objetivos de un proyecto de nación, sino que, además, en los cuales se formule la estrategia nacional de corto, mediano y largo plazo, así como la consecución de los planes, políticas, programas y presupuestos.

En principio, todos los proyectos políticos deberían sujetarse a ese marco conceptual de referencia (institucional y consensual), por supuesto asumiendo y respetando los diferentes enfoques ideológicos, así como los matices y énfasis programáticos, pero manteniendo una ruta crítica de fortalecimiento del Estado de Derecho (que garantiza la seguridad jurídica y la resolución pacífica de los conflictos), de protección a la economía social de mercado y de apoyo a la educación. En ese contexto, todas las organizaciones políticas deberían contar con la protección y asistencia del Estado, así como con el soporte de los empresarios, las universidades, la comunidad internacional y la sociedad civil en general.

En todo caso, mientras se siga apostando al proyecto personal de fulano, mengano, zutano y perencejo, y no a una genuina democracia institucional, seguiremos pagando la factura de la fragmentación social, de la conflictividad, del rezago y, peor aún, de los atajos engañosos que ofrecen los lobos populistas autoritarios con piel de oveja, que son enemigos jurados de la democracia republicana.