Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Supermercado de enmiendas

“Es obligación del Estado impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad”. (Constitución Política, Artículo 119).

— Edgar Balsells
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Los constituyentes fueron claros en eso de la necesidad de asegurar la competencia de mercados para consolidar el libre comercio, que es base de la eficiencia de un buen sistema económico. Además se dispararon un avanzado Artículo 130 que lleva como nombre “prohibición de monopolios” y ordenan también la finalización de los privilegios. Y por si ello fuera poco y para iluminar el cómo dejan prescrito lo siguiente: “el Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad”, además se ordena que se impidan las prácticas que perjudiquen al consumidor, y dejan plasmado que deben configurarse leyes en la materia.

El jueves 25 de mayo de 2017, con el apoyo de Usac, IPNUsac y el Instituto Guatemalteco de Economistas –IGE– realizamos el conversatorio titulado “La institucionalidad de la competencia del sistema económico”. La recomendación global a los diputados fue unánime, a juicio de los expertos invitados: “dejar de estarle introduciendo enmiendas interesadas a la iniciativa de ley de competencia de mercados terminada con apoyo de organismos técnicos serios en el año 2016”. De esa fecha al presente hemos venido monitoreando con preocupación la andanada de enmiendas interesadas.

Y es que como se trata de una ley clave para la regulación económica, el supermercado de enmiendas comenzó a funcionar, gracias a los diputados “lleva y trae” y sus asesores y centros de pensamiento que del diente al labio pregonan la libertad de mercados, pero en el fondo practican el hábito de los compartimientos estancos y de los privilegios económicos.

La Comisión de Economía y Comercio Exterior ha dado a conocer su Dictamen final, listo para introducirlo al pleno, buscando el consenso de los 105 votos de un Congreso altamente cuestionado del que no se puede esperar mucho, pero me llaman la atención unas enmiendas que pretenden aprovechar la oscuridad del punto y se introducen a manera de gazapo en las dos últimas funciones del Directorio de la nueva entidad por crearse.

Suavecito, introducen la güizachada que dicta que el Presidente está facultado para privilegiar a un sector que a su criterio no deba ser objeto de la regulación de la competencia. Con ello se traen al plato toda una ronda de discusiones técnicas que se incluyen en un apartado de “prácticas permitidas”.

Adicionalmente, introducen otra enmienda que prescribe que cuando se trata de sectores como el bancario o el eléctrico, hay que preguntarle a la Superintendencia de Bancos o a la Comisión Nacional de Electricidad si les parece el proceso de examen que esté teniendo empresa alguna atrapada en prácticas abusivas y demás. Esta disposición es a todas luces inconstitucional porque en tal consideración no hay igualdad ante la ley, pues a una empresa de pañales o de cuadernos no le cabe la posibilidad de retrasar el proceso con tal ocurrencia.

El introducir tales gazapos es producto de una práctica habitual en el Congreso de la República, y es parte de lo que John Kenneth Galbraith en su libro póstumo denominó La Economía del Fraude Inocente, es decir introducir medidas de política sin escatimar el daño que hacen simplemente porque, o bien no se entienden en sus implicaciones, o se hacen favores que son parte de la cultura del establishment y de los cuartos de al lado que subyacen en la arena política, buscando privilegios y cooptando al Estado.

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