Miércoles 18 DE Septiembre DE 2019
Opinión

La eficacia de la tortura judicial

La tortura es inmoral, costosa e ineficaz.

Fecha de publicación: 17-03-18
Por: Roberto Blum

Hay temas que parecería mejor no mencionarlos. Temas cuyo nombre muchos no se atreverían siquiera a mencionar en “círculos civilizados”. En la época victoriana, por ejemplo, el amor entre personas del mismo sexo era aquel cuyo nombre no se osaba decir. Hoy los tiempos han cambiado y tal amor puede mostrar su cara sin temor alguno. En cambio, algunos procedimientos judiciales usados antes para obtener información o concitar confesiones hoy son verdaderamente innombrables. La tortura judicial es uno de ellos.

Hoy, por desgracia, se puede observar un gradual proceso del retorno y normalización de esa bárbara práctica. El mundo moderno ha ido eliminando gradualmente de sus leyes la tortura judicial. La extrajudicial nunca ha sido desterrada, aunque sí fuertemente condenada y castigada por la mayoría de los Estados.

El derecho internacional y el derecho doméstico de la mayoría de los países prohíben la tortura. Dicha prohibición se deriva del consenso de que la tortura y las conductas similares son inmorales a todas luces. Ciento cincuenta y ocho países han firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura. En dicha Convención, la tortura se define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Algunos jefes de Estado, llegados recientemente al poder, están al parecer dando marcha atrás desde sus privilegiados púlpitos culturales a la proscripción legal y social de la tortura oficial. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas declaraciones del presidente Trump y el flamante nombramiento en los Estados Unidos de la señora Gina Haspel, como directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La señora Haspel ha sido por muchos años una agente encubierta de esa organización y la encargada de supervisar la tortura en Tailandia de dos sospechosos de ser terroristas árabes. Posteriormente ella misma fue responsable de destruir la evidencia de tales reprensibles hechos.

En México, la tortura está prohibida y la confesión ha perdido en casi todos los casos su valor probatorio; sin embargo, es muy frecuente que personas detenidas por las autoridades se quejen de haber sido torturadas. Algunas nefastas tradiciones policiacas están fuertemente arraigadas y son muy difíciles de arrancar, a pesar de que existen fuertes argumentos no solo morales, sino también utilitarios, contra la tortura. La tortura es
inmoral, costosa e ineficaz.

El respaldo empírico de su ineficacia se remonta a siglos atrás. Por ejemplo, durante los juicios contra las supuestas brujas, se usaba rutinariamente la tortura para tratar de obligarlas a admitir su culpabilidad e identificar a otras hechiceras. Pronto se descubrió que ellas inventarían cualquier historia, si eso significaba que cesara la horrible tortura que se les aplicaba.

Un informe de Inteligencia, del 2006, resume que no existe base científica alguna para demostrar la efectividad de la tortura como técnica de interrogatorio. Ojalá sea por siempre desterrada e individuos con el poder público no sigan en la senda de normalizar socialmente esta degradante e inhumana práctica.