Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La modernización financiera, una agenda pendiente

En el Congreso de la República se encuentran pendientes y en proceso de promulgación iniciativas que completarían el proceso de modernización.

— Juan José Micheo Fuentes
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El proceso de modernización financiera en Guatemala arranca en el año 2002 con la emisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley de Libre Negociación de Divisas, Ley Monetaria y Ley de Supervisión Financiera; y en el 2010, se promulga la Ley de la Actividad Aseguradora. Todas ellas disposiciones acertadas que vinieron a dinamizar y consolidar el sistema financiero, tal como lo demuestra su buen desempeño.

Sin embargo, desde hace varios años en el Congreso de la República se encuentran pendientes y en proceso de promulgación iniciativas que completarían el proceso de modernización, tales como la Ley de Leasing y la Ley de Mercado de Valores.

El leasing financiero como se sabe es una modalidad para adquirir bienes a plazos como maquinaria y equipo, vivienda, bodegas, oficinas, computadoras o vehículos. Sistema que vendría a apoyar el crecimiento de los negocios, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que les cuesta cumplir con los requisitos que exigen los bancos. Guatemala es el único país en la región latinoamericana que no cuenta con una ley que regule esta materia. A pesar de ese vacío, una veintena de arrendadoras arriesgando capitales han acumulado una cartera en contratos por más de dos mil millones de quetzales, que de existir certeza jurídica incrementaría su oferta de productos, abarcando más clientes y mercado.

Las operaciones bursátiles también son otro instrumento de desarrollo económico que necesita de un marco regulatorio más actualizado para negociar pagarés, bonos, acciones y otros valores, a fin de que su circulación esté libre de cortapisas fiscales. Los desafíos que impone la globalización económica requiere que las compañías cuenten con fuentes de capital de largo plazo y de fondos de inversión que aseguren rentas y diversifiquen riesgos.

Otra fuente de crédito no tradicional, la constituye el factoraje o factoring (vocablo inglés que se utiliza para designar la acción de compra de facturas o documentos de crédito) que consiste en ceder o descontar ventas a plazo. Esta herramienta financiera muy utilizada en otras partes fortalece el capital de trabajo de las compañías haciendo líquidas sus ventas al crédito, recursos indispensables para hacer crecer y fortalecer la capacidad productiva y competitiva de las empresas. Recientemente después de mucho tiempo, se emitieron la Ley del Contrato de Factoraje y las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias mecanismos que facilitarán el acceso a créditos. Cualquier contrato de venta a plazos, contrato con reserva de dominio o arrendamiento financiero que incorpore derechos de crédito, ya es sujeto de descuento por entidades financieras o mercantiles.

Es impostergable la emisión de leyes en estas actividades que apoyen la producción nacional, apuntalen a las pequeñas y medianas empresas, formalicen la economía y generen mayor recaudación de impuestos y plazas de trabajo. Se necesita que la nueva Junta Directiva del Congreso de la República encuentre un espacio en la agenda legislativa para debatir estas importantes iniciativas y emitirlas cuanto antes; el país no puede seguir postrado económicamente.

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