Miércoles 20 DE Junio DE 2018
Opinión

Debilidad institucional y regulación de la competencia

Lo mismo que hoy se dice de las bondades del diseño institucional de la autoridad de competencia se dijo cuando se creo la SAT originalmente.

— Hugo Maul R.
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Quienes insisten en la necesidad de aprobar la Ley de Competencia aseguran que la iniciativa que hoy se discute en el Congreso garantiza la autonomía, independencia, capacidad técnica y solidez institucional de la autoridad encargada de hacer cumplir dicha regulación. Aun haciendo el supuesto heroico que la propuesta en cuestión garantice que tales características ocurran en la práctica, cuando la Superintendencia de Competencia tenga que poner en práctica la referida normativa, la experiencia reciente nos muestra que la solidez de una agencia de gobierno depende de forma crucial del entorno institucional en donde opera. No da lo mismo pretender regular la competencia en entornos en donde se respeta el Estado de Derecho, el ejercicio del poder político está adecuadamente regulado, existe una efectiva separación de poderes, los órganos de control funcionan adecuadamente y la corrupción se encuentra controlada, que en ambientes institucionales en donde sucede todo lo contrario. En cierto sentido, para mencionar tan solo un ejemplo, lo mismo que hoy se dice de las bondades del diseño institucional de la autoridad de competencia se dijo cuando se creo la SAT originalmente.

Ignorar la calidad del ambiente institucional y judicial de Guatemala no ayuda en nada a la implementación exitosa de una ley como la de competencia. En este tipo de entorno institucional, como lo ha demostrado la historia reciente, es extremadamente difícil garantizar que existan organismos independientes, autónomos y técnicos, “a prueba de balas”, que puedan regular adecuadamente asuntos altamente complejos, técnicos, políticamente sensibles y que generen multimillonarias rentas o costos con sus decisiones. Algunos datos sobre la calidad de las instituciones guatemaltecas podrían ayudar a comprender los desafíos de implementar una regulación tan compleja como la Ley de Competencia: de acuerdo con el Proyecto Mundial de Justicia, Guatemala ocupa el puesto 96 de 113 países en el Índice de Estado de Derecho WJP 2017, 106 en materia de cumplimiento de las regulaciones y 110 en justicia civil. En tal contexto, resulta ingenuo suponer que la nueva institución funcionaría como un “oasis” de independencia y autonomía en medio de un desierto de arbitrariedad, corrupción y tráfico de influencias.

Pretender que pautas internacionales para regular la competencia, que fueron diseñadas para diferentes entornos económicos, legales e institucionales, funcionen como en sus lugares de origen en entornos como el de Guatemala constituye, en el mejor de los casos, una temeraria sobre simplificación que puede tener negativas consecuencias. Será responsabilidad de quienes aprueben esta regulación las consecuencias de no haber tomado en cuenta los peligros que conlleva crear poderosas agencias, independientes en el papel, que operan en entornos institucionales y judiciales débiles, incapaces de restringir efectivamente el uso de su poder discrecional.