Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

Simulación de delito y acusación falsa

— editorial
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La “simulación de delito” consiste en fingir, simular o aparentar (hacer creer algo falso) la comisión de un delito inexistente. En el caso del ilícito de “simulación de delito” basta con manifestar quién es la víctima de una infracción penal determinada, y que se inicien actuaciones procesales con base en esa afirmación falsa. No es necesario que exista una falsa imputación o acusación contra una persona determinada.

El Código Penal de Guatemala establece que comete el ilícito penal de “simulación de delito” quien “falsamente afirme ante funcionario administrativo o judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.

El bien jurídico protegido en la infracción penal de “simulación de delito” es el correcto funcionamiento de la administración de justicia, porque mediante la referida simulación de delito se pone en movimiento el respectivo órgano jurisdiccional, tanto en cuestión de control de la investigación penal como en el inicio y prosecución de un proceso judicial, que conlleva la inversión de recursos estatales en una persecución penal que tiene su origen en supuestos falsos.

Por otro lado, el referido Código Penal dispone que comete el delito de “acusación y denuncia falsas” quien “imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de uno a seis años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino cuando, en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivos, se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia”.

La imputación, en el Derecho Procesal Penal, es el acto mediante el cual se inculpa o acusa formalmente a una persona de la comisión de un delito concreto ante un juzgador, acto que es indispensable para que se tipifique el delito de “denuncia y acusación falsas” y se proceda contra el acusador. No obstante, debe tenerse presente que para accionar penalmente contra el acusador es necesario que, previamente, en la resolución mediante la cual se sobresea el proceso o, en su caso, en la sentencia en que se hubiere absuelto al denunciado o acusado, se hubiese declarado calumniosa (falsa imputación de un delito) la respectiva acusación o denuncia.

Sin embargo, esta resolución previa (auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria) no es necesaria o indispensable para que se proceda penalmente en contra del responsable de la comisión de la infracción de “simulación de delito”.

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