Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

¿Hacia un suicidio institucional?

Hay desencanto ciudadano con la democracia institucional.

— MARIO FUENTES DESTARAC
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El suicidio supone la autodestrucción del individuo, es decir privarse de la vida voluntariamente. La decisión de las personas de carne y hueso de auto infligirse la muerte, puede asimilarse a los procesos de autodestrucción y colapso de los sistemas de gobierno, lo que se conoce como el suicidio institucional.

Conforme la Constitución, el sistema de gobierno adoptado por el Estado de Guatemala es el republicano, democrático y representativo, lo que supone que el mismo se sustenta en la supremacía de la ley, la voluntad de la mayoría y la designación de legítimos representantes para el ejercicio de la función pública.

Según el informe Latinobarómetro 2017, solo el 26 por ciento de la población guatemalteca está satisfecha con la democracia, el 36 por ciento apoya la democracia y el 28 por ciento cree que se gobierna para el bien común. Asimismo, apenas el 11 por ciento confía en los partidos políticos, el 17 por ciento en el Congreso, el 20 por ciento en el gobierno, el 27 por ciento en los tribunales, el 25 por ciento en la autoridad electoral y el 24 por ciento en la policía. Sin duda, estos datos reflejan un sistema de gobierno en una profunda crisis.

En mi opinión, el desencanto ciudadano con la democracia institucional se debe a que el sistema de gobierno no está respondiendo a las demandas y expectativas de la población. Esta ineficacia hace que el sistema de gobierno se erosione, pierda credibilidad y, finalmente, se autodestruya.

Son causas de una propensión hacia un suicidio institucional la degradación de los cuadros de gobierno, la degeneración de la acción política, la radicalización ideológico política, la paralización de la inversión pública, la pésima calidad del gasto público, la criminalización de los tributarios, el corporativismo sindical, la politización de la justicia y la judicialización de la política.

La degradación de los cuadros de gobierno deriva de que los cargos y puestos no se asignan con base en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, sino que obedecen al nepotismo y al favoritismo político. Lo anterior sin perjuicio de que la burocracia aumenta desproporcionadamente sin atender criterios de razonabilidad y eficiencia. A la vez, la degeneración de la acción política deviene del funcionamiento antidemocrático del sistema político electoral, que perpetúa una representación ilegítima y frustra la participación ciudadana. Asimismo, la radicalización ideológico política impide la negociación pertinente, responsable y eficaz, alejada de falsos purismos, resistencias ideológicas e hipocresía.

Por otro lado, la paralización de la inversión pública es un problema que, además de postergar el fortalecimiento de la infraestructura física, impide que la aplicación rentable de recursos públicos sea un factor dinámico de la economía; y, a su vez, la pésima calidad del gasto público sigue redundando en ausencia de priorización, discrecionalidad, falta de supervisión y control, así como en despilfarro y corrupción. Asimismo, la criminalización de los tributarios, además de que no disuade la economía informal, genera temor y psicosis entre los agentes económicos, lo que redunda en desinversión, desempleo y emigración, a lo que también contribuyen, por supuesto, los impuestos antieconómicos y confiscatorios.

El corporativismo sindical, por su parte, se ha convertido en una suerte de estructura orgánica de presión que lucha a toda costa por sus intereses, incluso a través de las vías de hecho, sin reparar en los límites constitucionales y legales, ni tampoco en lo gravoso que pueden resultar sus reclamaciones y pretensiones para la hacienda pública.

Finalmente, la politización de la justicia y la judicialización de la política son disfuncionalidades del sistema de justicia. La politización de la justicia se da cuando la justicia oficial está subordinada al poder político, en tanto que la judicialización de la política se traduce en la convalidación judicial del abuso de poder, la sujeción ilegítima de la acción política y la persecución arbitraria de opositores y disidentes.

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