Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Meritocracia estatal

Por un semillero de estadistas y un funcionariado al servicio del interés nacional-popular.

— Franco Martínez Mont
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La transformación del Estado implica una simbiosis de procesos radicales (estructura agraria, fiscal, trabajo, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza) y fenómenos reformistas (seguridad y justicia, sistema político, derechos de las mujeres y comunidad LGTBIQ). Por cierto, ¿Cuál es la agenda económica-política de una facción empresarial que lidera el Frente Ciudadano Contra la Corrupción?

Son lógicas simultáneas, coexisten en el espacio-tiempo, puesto que la misma refundación del Estado –más allá de los presupuestos epistemológicos y filosóficos– se concretiza en una nueva institucionalidad pública orientada al bienestar de las mayorías.

En el campo del reformismo-institucional, es clave plantear cambios integrales al servicio civil del Estado, trascender la normatividad de los estancos gubernamentales, sentar las bases para la carrera administrativa dentro del sector público bajo los principios de eficiencia, ética, profesionalismo, probidad y justicia social. Tener una Ley de Servicio Civil del Estado es complejo, el neocorporativismo tiene capturada la función pública.

Actualmente, tanto el Legislativo como el Judicial cuentan con leyes actualizadas que regulan sus burocracias. En el caso del Ejecutivo, los antecedentes se remontan a la Constitución de 1945, el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado de 1956, el Departamento Nacional de Personal de 1957, el Departamento de Servicio Civil de 1958 y la Ley de Servicio Civil de 1968, entidades y normas enclenques con una visión contrainsurgente, un modelo de carrera administrativa al servicio de las élites económicas y supeditadas a la influencia geopolítica (banca multilateral y matriz extractivista y energética).

La disputa sobre la Ley de Servicio Civil del Ejecutivo se encuentra ahora en el Congreso, es un tema de interés para la CICIG, Embajada de EE. UU, Onsec, INAP y algunos diputados. Empero, cabe reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la propuesta de la Usac, ante el caos administrativo y politización de puestos en esa casa de estudios? ¿Cuál es la orientación de CACIF-Fundesa, reconociendo el binarismo corrupto-corruptor? y ¿Qué diseño institucional y cuáles deben ser las facultades políticas, legales y presupuestarias de la entidad rectora del Servicio Civil del Estado?

Finalmente, el servicio civil es un dispositivo para la lucha contra la corrupción pública y privada, es un tema de interés social más que estatal, los movimientos populares son
imprescindibles en este proceso.

framont@gmail.com

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