Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Palma: el vecino incómodo

Cerco por sequía a comunidades q’eqchi’.

— Helmer Velásquez
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Año 2012. Instalación de la Industria Maderera Chiquibul en los territorios q’eqchi’, de la Aldea Carolina en Chisec, Alta Verapaz. La implantación palmera se da sin consulta previa a los habitantes del lugar. Hubo compra acelerada de derechos de posesión a campesinos, cuyas tierras no tenían títulos de propiedad, estaban –y están en trámite. Cerca de ochenta y dos parcelarios cedieron “sus derechos” a intermediarios, que a su vez, vendieron a Chiquibul Sociedad Anónima, que se hizo con ciento sesenta y cuatro caballerías otrora comunaales. Los precios de venta, según parcelarios, oscilaron entre cincuenta y ciento cincuenta mil quetzales por dos caballerías. Sobre los vendedores se tejen dramáticas historias: los hay, posaderos en parcela ajena, hacinados en casco urbano del municipio y expulsados a ciudades “grandes” o al norte. Salvo excepciones los vendedores, que se conoce, están sin capital y sin tierra.

La tragedia de esta comunidad no queda allí, las otrora frescas y abundantes aguas, son ahora turbias y malolientes. Cada vez más escasas. Se trata del río San Román. Fuente de los quineles que irrigan la plantación de palma y que con total impunidad, deja sin agua a la comunidad e inunda una porción en invierno. Los desechos de la palma van a estas aguas al igual que agrotóxicos utilizados en el cultivo palmero –paraquat entre ellos. Ahora, un río sin peces, “ganado muerto” por tomar aquellas aguas. La ropa se lava con agua sucia, niños siempre con ronchas. La desgracia no para allí: los pozos individuales y colectivos que satisfacen el uso doméstico de agua, llevan ya dos veranos que se secan. En cuerda separada, la empresa es señalada judicialmente de usurpar veinticinco manzanas de la posesión comunal. Sin embargo, –y para Ripley– son treinta y cinco comunitarios los que están denunciados por “licenciados” de la empresa por usurpación.

Una tragedia en territorio donde el Estado no existe. La “gran” empresa fija las normas. Las denuncias comunitarias “no caminan” en Ministerio Público. Menos en Ministerio de Ambiente. Cabe preguntarse, ¿para qué sirve este aparato burocrático? Pese a las denuncias –2015– sus personeros nunca han llegado al lugar. Estamos frente a una desigual batalla por la vida: empresa extranjera y una pequeña comunidad campesino/indígena, digna, que se propone sobrevivir y revertir la tragedia. Para esta comunidad “el desarrollo” solo le ha ocasionado “externalidades negativas” como gusta decir la tecnocracia financiera. En términos llanos, daños irreparables. Sociedad, academia y políticos honestos: Juntos podemos revertir esta ofensiva sobre el pueblo q’eqchi’.

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