Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Directrices del Tribunal Constitucional

— editorial
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En la sentencia de fecha 12 de febrero de 2018, dictada por la Corte de Constitucionalidad (CC) –expediente 2951-2017–, que declaró sin lugar la Acción de Inconstitucionalidad General Parcial promovida contra el párrafo segundo del Artículo 407 “N” del Código Penal, bajo el argumento de que este violaba el derecho a la seguridad y certeza jurídica, así como el principio de legalidad, se incorporan algunas directrices que deben seguir las entidades administrativas y los tribunales de justicia.

En el considerando VI de dicha sentencia se establece: “(…) Este principio (proporcionalidad) implica que en el Derecho Penal constitucionalizado no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento alguno, ni penas excesivas que resulten innecesarias. Ello atendiendo a que el Estado debe recurrir al Derecho Penal como mecanismo último para la protección de derechos fundamentales (ultima ratio) y el principio de proporcionalidad que se erige como criterio que fundamenta la prohibición de exceso a través de la intervención del Derecho Penal en los derechos de las personas; la proporcionalidad así se convierte en el elemento discursivo con el cual se pretende al Derecho Penal, el alcance indispensable para que pueda cumplir con su finalidad, causando el menor daño posible (…) En este caso, si bien se ha apreciado una construcción completa de la norma en cuanto a los supuestos y sus consecuencias, debe evitarse que su aplicación resulte contraria al principio aludido. Dicha problemática puede ser resuelta por los órganos jurisdiccionales al hacer adecuada ubicación de los hechos en el tipo penal cuestionado o en la conducta administrativa descrita en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (…)”.

Asimismo, en el considerando VII del referido fallo se agrega: “(…) Resulta también de indiscutible importancia, que los órganos jurisdiccionales realicen el análisis para la distinción de conductas a efecto de determinar si estas encuadran en un marco administrativo o penal, puesto que conforme al principio de intervención mínima que informa el derecho penal, este no puede tutelar todas las afectaciones a los bienes jurídicos, sino que únicamente protege los riesgos o lesiones graves que se puedan producir contra ellos; esto en coherencia con el carácter fragmentario del derecho penal, porque no corresponde a este la realización de la función tuitiva de bienes jurídicos cuyo ataque sea menos grave, en tanto puede ser protegido por otras disciplinas del ordenamiento jurídico, como para el caso concreto, podría ser el derecho administrativo (…)”.

Finalmente, la CC, en la mencionada sentencia, expresa: “(…) En ese sentido, una interpretación conforme a la Constitución de este supuesto típico, debe exigir un dolo que aporte el desvalor subjetivo necesario para ser considerado como materialmente antijurídico para justificar el carácter de última ratio del derecho penal. Para superar el carácter de ultima ratio no basta con una antijuricidad formal (que la conducta esté descrita en la norma) sino se requiere de una antijuricidad material, es decir que la conducta represente un daño social o una afectación al bien jurídico tutelado (…)”.

Como podrá advertirse, estas directrices de la CC no solamente son aplicables a las controversias surgidas en torno a la cuestión político electoral, sino que también a toda actuación relacionada con la Administración Pública, por lo que es importante que la Contraloría General de Cuentas, los Tribunales de Cuentas y los Tribunales de Amparo se impongan de que debe agotarse la vía administrativa y contencioso de cuentas, antes de accionar en la vía penal.

Esto mismo debe regir para las controversias surgidas en materia tributaria. Forzosamente debe agotarse la vía administrativa y contencioso administrativo, antes de accionar en la vía penal en contra de los contribuyentes, tal y como está previsto en el Código Tributario. ¡Interesante!

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