Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Opinión

A violador, lo cobijan autoridades de Uspantán

La Policía al no proceder a  la captura es también cómplice  de la violación.

Fecha de publicación: 01-03-18
Por: Miguel Ángel Albizures

No ignoro temas importantes de la actualidad, como el golpe dado por el Ministro de Gobernación, a la cúpula de la Policía Nacional Civil, que también es un golpe al Ministerio Público y a la CICIG. Indudablemente con órdenes presidenciales, del alcalde Arzú y de la Juntita, para demostrar, sin sonrojarse, quién manda en Guatemala: los impunes, el crimen organizado y los corruptos. También debemos estar pendientes de la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General. Ojalá el pueblo despierte y se lance a las plazas, para exigir un fiscal independiente y honorable y el rechazo a leyes terroríficas.

Así las cosas y a pocos días de que las mujeres conmemoren el Día Internacional de la Mujer, en el municipio de Uspantán, las autoridades cobijan, sin escrúpulo alguno, al violador de una niña de 16 años, llamado Augusto Nicolás Pacheco, porque dicen que la violación solo fue “un error”. La demanda contra este sujeto data del 26 de septiembre del 2017, y la orden de captura se giró el 7 de diciembre. A pesar de ello, hasta el día de hoy, la PNC no actúa, no lo localiza, aunque es un trabajador de la municipalidad, ubicada a pocas cuadras de su sede. En las oficinas de esa sede policial duermen otras tantas denuncias de violaciones en esa región.

El pasado 15 de febrero la adolescente dio a luz, y a partir de ahí, las intimidaciones a ella, y a su familia, han sido constantes para que retire la denuncia. Estas amenazas vienen del alcalde indígena, Roberto Tojín y del secretario Luis Damián, quienes querían llevarla a la fuerza al Ministerio Público de Nebaj para que retirase su denuncia, porque consideran que es injusto que su “compadre” vaya a la cárcel. Durante una semana, este alcalde indígena, junto a cinco sujetos mal encarados, visitaron a la adolescente para intimidarla y obligarla a que aceptara como reparación del daño, el pago de una pensión alimenticia para su hija, incluso el padre del agresor le dijo a la familia que “no había sido tan grave y que dijera de una vez que a ella no la había violado su hijo, que ya él se había comprometido a pagar la manutención e incluso a reconocer a la niña”, creen que el pisto lo resuelve todo.

Como la víctima no cedió a sus pretensiones, y ante la intimidación constante, se vio obligada a dejar su comunidad, lo que unido a las secuelas de la violación, y a la ausencia de atención integral después del hecho, supone una vulneración más de sus derechos y una ruptura de su proyecto de vida, pues según relata ella, la tiró con fuerza al suelo, la sujetó de las manos, le golpeó con la rodilla y después de la violación la amenaza fuertemente para que no dijera nada. La Policía al no proceder a la captura es también cómplice de la violación, al igual que el alcalde indígena, preocupado más por la libertad de su “compadre” que por los intereses de su comunidad, a la que debería de proteger de hechos tan lamentables.