Sábado 23 DE Marzo DE 2019
Opinión

Interpelación de la Canciller

— editorial
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Conforme la Constitución, la interpelación es la citación a los ministros de Estado a concurrir obligatoriamente al Congreso, para dar cuenta de su gestión o de un asunto determinado. Mediante la interpelación se pretende interrogar al gobierno sobre alguna cuestión que suscite el interés del Congreso. En general, la interpelación se reserva para los temas más importantes.

La Constitución también establece: “Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes”. La Ley Orgánica del Congreso complementa esta última excepción así: “No pueden los diputados interpelar respecto a asuntos que se refieren a cuestiones diplomáticas u operaciones militares pendientes, pero al finalizar tales cuestiones u operaciones, podrán ser objeto de interpelación”.

La interpelación puede derivar en un voto de falta de confianza a petición de, al menos, cuatro diputados. Esta censura deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los diputados al Congreso, es decir con el voto favorable de, por lo menos, 80 congresistas. Si se emitiere el voto de falta de confianza el respectivo ministro quedará separado del cargo, salvo que el Presidente de la República se oponga. Dado este supuesto, el ministro interpelado podrá recurrir al Congreso y este deberá ratificar la censura con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados, o sea con el voto favorable de, por lo menos, 105 (de los 158) congresistas.

Según informaciones de prensa, diputados pertenecientes al denominado ”Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia” solicitaron la interpelación de la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco, con el propósito de que responda a interrogantes sobre la solicitud de remoción del responsable de la CICIG, Iván Velásquez, formulada por el gobierno presidido por Jimmy Morales ante el Secretario General de la ONU, António Guterres. Dicha interpelación se agendó para el jueves 8 de marzo de este año.

La Canciller Jovel Polanco ha señalado que, a la luz del Artículo 12 del Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, que dispone que “toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”, se ha abierto un proceso de negociación entre el Secretario General de la ONU y el Gobierno de Guatemala, sobre la permanencia de Iván Velásquez como responsable de la CICIG, por lo que el asunto se encuentra pendiente.

Sin duda, la interpelación de la Canciller Jovel Polanco se veía venir, a raíz de su visita al Secretario General de la ONU, con el fin de exponerle diversas quejas u objeciones gubernamentales relativas al desempeño de Iván Velásquez al frente de la CICIG.

Inequívocamente, la opinión pública estará muy atenta al desarrollo de la interpelación de la Canciller Jovel Polanco, ya que el asunto reviste singular importancia e interés.

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