Jueves 20 DE Junio DE 2019
Opinión

El punto de quiebre y la no-repetición

Un proceso más profundo que la depuración judicial del sistema.

Fecha de publicación: 27-02-18
Por: Phillip Chicola

Contrario a la expectativa de varios sectores, que esperaban que la acción judicial del Ministerio Público y CICIG se atemperara durante el 2018, las primeras ocho semanas del año han traído consigo un nuevo acto en este proceso de depuración judicial de élites.

El caso “Odebrecht” abrió la puerta para entrarle a la estructura de corrupción liderada por Manuel Baldizón, quien probablemente se convirtió en el paradigma del viejo sistema de enriquecimiento ilícito sobre favores políticos, sobornos y tráfico de influencias. El caso “Traficantes de Influencias” tuvo como premio mayor al ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y al diputado Felipe Alejos, a quienes se les endilga de traficar influencias para agilizar la devolución de crédito fiscal. El caso “Transurbano” representó el proceso individual de mayor alcance, puesto que en una sola investigación, fue capturado un gobierno entero. Pero además, Transurbano vino a poner fin a la cantaleta de la “justicia ideologizada”, con el procesamiento de miembros prominentes de la UNE, sino también, del Presidente de OXFAM Internacional.

El caso “Manipuladores de Justicia” puso en la picota al General Erick Melgar Padilla, Comandante de la Guardia de Honor y cercano a la rosca del Presidente Morales. Lo complejo de su caso fue el efecto sobre la institución castrense, que quedó en una posición complicada al no lograr poner en disposición inmediata de los tribunales al General. Peor aún ha sido el efecto de la defensa de Melgar sobre la institución: primero, porque deja en manos del alto mando su situación judicial, si es removido de su condición como juez, su defensa procesal quedaría anulada inmediatamente; segundo, porque al denunciar una supuesta cooptación del sistema de justicia, Melgar deja de ser un oficial “no deliberante” e incluso, incurre en insubordinación hacia el poder civil.

Y por último, la captura de Roberto López Villatoro, el operador individual con mayor influencia en las elecciones institucionales del sector justicia durante la última década, envía un poderoso mensaje en el marco del proceso de elección de Fiscal General.

Pero todo indica que no se quedará ahí. Los casos Odebrecht y Transurbano se anuncian con más fases e implicaciones políticas. De allanamientos recientes parece que saldrán más anomalías vinculadas a la Municipalidad de Guatemala. El caso relacionado a anomalías en el financiamiento electoral ilícito de la campaña 2015 avanza. En fin. Entre lo ocurrido en estos dos meses y lo que está por venir, es evidente que el terremoto está lejos de terminar.

Sin embargo, el punto de quiebre no depende exclusivamente de la depuración judicial. En otras palabras, metiendo a todos a la cárcel no resuelve por sí solo el mal de la corrupción y la captura del Estado. Llegar al punto de quiebre y alcanzar la “no-repetición” requiere de un esfuerzo político y social mucho más profundo.

En primera instancia, se necesita una agenda de reforma institucional que cierre las llaves de la corrupción. Solo en el corto plazo es necesario reformar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad del sistema y promover mayor participación, a través de una modificación en el sistema de distritos y en los umbrales de participación partidaria. Pero además, de las experiencias judiciales recientes, seguramente surgirá la necesidad de evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento electoral.

De igual forma, es necesario revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros “reyes del tenis” tengan injerencia sobre la elección de operadores judiciales. O qué decir del funcionamiento del sistema en sí mismo. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de implementar figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, en reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario los plazos procesales, las causales de recusación, o los plazos y requisitos del amparo.

También es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas también debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

Todo lo anterior debe coronarse con la implementación de políticas eficientes y transparentes para pagar deuda de arrastre y emitir pagos por construcción de obra gris. También debe revisarse y modernizarse el proceso para devolución de crédito fiscal. O los mecanismos de adquisición de medicamentos e insumos médicos. Las aduanas deben ser sujetas de una profunda modernización, que reduzca la discrecionalidad de los técnicos y apueste hacia la tecnificación.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas correctas para prevenir la corrupción, y poco a poco, se convertirán en requisitos para hacer negocios internacionales.

Pero todo lo anterior requiere de un proceso más profundo de reflexión y cambio social. Primero, reconocer que aquí todos fuimos cómplices o responsables de la debacle del sistema, ya sea por beneficio directo, indirecto, por omisión o por simple expectativa que algún día me tocaría a mí. Si no cambian aquellas concepciones que aceptaban como válidas las prácticas corruptas, o que veían como normal utilizar la política con fines de enriquecimiento privado, poco vamos a cambiar. Al final la política no es más que un reflejo de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, de nada sirve trazar una ruta de país si nuestros prejuicios y divisiones afloran día tras día. Salir de la crisis política requiere de un Pacto de Nación, y ello –naturalmente– requiere de madurez para dialogar, para reconocer ideas distintas a la mía, y sobre todo, para apostar por un consenso en donde yo no necesariamente lo gane todo. Sin una agenda de país, las condiciones para la corrupción seguirán estando vivas.