Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La pobreza en las estadísticas

La diferencia entre un resultado y el otro se explica sencillamente porque las metodologías utilizadas son diferentes y no son comparables entre sí.

— Mario A. García Lara
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Hace algunas semanas, la CEPAL nos sorprendió cuando en su publicación Panorama social de América Latina ubicó a Guatemala como el segundo país más pobre del continente, con una incidencia de pobreza de 70.5 por ciento, solo por encima de Nicaragua (74.1 por ciento), empatado con Honduras (70.5 por ciento) y por debajo de todos los demás, incluyendo Haití. Esta estimación publicada por la CEPAL se basa en el índice de pobreza multidimensional que calcula el PNUD para sus informes de desarrollo humano.

Sin pretender entrar a disquisiciones metodológicas, lo que vale la pena destacar es que dicho indicador no coincide con el índice oficial de pobreza total que calcula el Instituto Nacional de Estadística –INE–, el cual se basa en las encuestas de condiciones de vida –ENCOVI–. El dato más reciente corresponde a 2014 (desgraciadamente no hay una ENCOVI más actualizada), e indica que el 59.3 por ciento de la población se encontraba en pobreza ese año; es decir, que más de la mitad de la población tenía un consumo por debajo de Q10 mil 218 al año. La tendencia del indicador es ascendente, según las cuatro ENCOVI existentes (de los años 2000, 2006, 2011 y 2014), pues aumentó 2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4 por ciento en 2000 a 59.3 por ciento en 2014.

La diferencia entre un resultado y el otro se explica sencillamente porque las metodologías utilizadas son diferentes y no son comparables entre sí. La cifra oficial del INE, basada en las encuestas de condiciones de vida, es básicamente una medida monetaria (unidimensional) que calcula el costo más un valor de consumo no alimenticio complementario: los que tienen ingresos menores a dicho costo están por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el dato de la CEPAL es, en cambio, un índice multidimensional que, además del nivel de ingresos, incluye estimaciones de necesidades no satisfechas, tales como privación de vivienda, protección social o rezago escolar.

Cada metodología (y existen muchas otras que se utilizan alrededor del mundo) tiene sus ventajas y desventajas, sin que hasta ahora sea posible discernir una que sea superior a las demás, por lo que debe tenerse claro que los diferentes cálculos pueden arrojar resultados disímiles para el mismo país en el mismo periodo de tiempo; por ello, es necesario que las entidades a cargo de estas estimaciones sean muy rigurosas en cuanto a las definiciones metodológicas y, al mismo tiempo, muy humildes respecto de la exactitud de sus resultados numéricos.

También, y asociado a lo anterior, debe existir mucha prudencia para no sobrestimar ni subestimar las cifras de pobreza, pues las políticas públicas de reducción de la pobreza –esenciales para fomentar el bienestar social y generar un clima de gobernabilidad favorable a la actividad económica– deben basarse en cifras confiables. Independientemente de la diferencia de resultados y de si somos el segundo país más pobre de América (según la CEPAL) o el cuarto (según el INE), lo cierto es que los indicadores señalan un incremento de la incidencia en la última década, lo cual señala la importancia de tener estadísticas confiables para guiar las acciones gubernamentales en la materia.

Para lograrlo, es esencial que los entes oficiales encargados de calcular los indicadores de pobreza (el INE, en el caso de Guatemala) sean instituciones altamente profesionales e independientes de cualquier presión política o de grupos de interés. La iniciativa de Ley 5329, que reforma la Ley Orgánica del INE y que ya goza de dictamen favorable en el Congreso de la República, es una buena oportunidad de avanzar cuanto antes en este sentido. Ojalá se apruebe pronto.

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