Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Sobre la próxima visita del FMI

— editorial
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Durante los últimos 70 años, a lo largo y ancho del mundo, el Fondo Monetario Internacional se ha caracterizado por adoptar rígidas posturas económicas completamente alejadas de las particulares circunstancias políticas y sociales que viven los países bajo su supervisión. En ciertos casos, cuando la situación económica de un país ha llegado a tal punto de deterioro, de manera que no hay otra salida, podría comprenderse y justificarse la adopción de tales posturas. En otros muchos casos, como Guatemala hoy en día, sería más prudente que este tipo de organizaciones hicieran una lectura fina de la situación política y social antes de hacer propuestas incoherentes con las señales de los tiempos.

La próxima visita del FMI a Guatemala, del 6 al 16 de marzo, con ocasión de la revisión del “Capítulo IV”, corre el riesgo de convertirse en insustancial misión de no considerar la grave crisis política e institucional que vive el país. Resultaría totalmente irónico y fuera de lugar que el FMI viniera en estos precisos momentos a echarle en cara a los contribuyentes que pagan pocos impuestos, al igual que resultaría un contrasentido pretender aumentar más la carga tributaria ante la vasta evidencia que está saliendo a luz acerca de cómo políticos y funcionarios públicos de todos los tintes políticos han malgastado, desperdiciado o se han apropiado indebidamente de sus impuestos. Carece de sentido práctico y justificación moral que un grupo de técnicos que no pagan impuestos en Guatemala, y probablemente tampoco en ninguna otra jurisdicción tributaria del mundo, vengan en estos momentos a Guatemala a demandar que la carga tributaria debe aumentar.

Mientras no existan pruebas claras y fehacientes que el gobierno, en todos sus niveles, es capaz de manejar honesta, transparente, efectiva y eficientemente los fondos públicos, no se le puede pedir al contribuyente más sacrificios de los que ya hace. En todo caso, si tanta es la preocupación del FMI, BID, Banco Mundial y Unión Europea en este sentido, sería mucho más beneficioso para el país que se preocuparan y ocuparan en evitar que poderes oscuros se adueñen de la SAT nuevamente. Su colaboración directa con la sociedad civil es clave para garantizar que el nuevo superintendente resulte ser una persona profesionalmente capaz, honesta y dispuesta a continuar con el fortalecimiento de la institución.

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