Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Un desafío para el nuevo Fiscal General

No se pueden negar los efectos positivos que ha tenido la lucha contra la impunidad, aunque debe hacerse sin perder de vista que no existen logros definitivos.

— Jorge Mario Rodríguez Martínez
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En la actualidad, la Constitución tiende a verse como pacto de ciudadanía en el que se vehiculan valores enraizados dentro del paradigma de los derechos humanos. En la práctica concreta, sin embargo, nos hemos resignado a que la Constitución se anule según las líneas establecidas por los factores reales de poder.

 De ahí, pues, el proceso de desconstitucionalización que están viviendo los ordenamientos ciudadanos contemporáneos. Este proceso –descrito por pensadores tan influyentes como Luigi Ferrajoli o Néstor Pedro Sagües– corre paralelo con el derrumbamiento del orden estatal. En este sentido, el caos que vive actualmente Guatemala puede interpretarse en el contexto de la pérdida de las garantías que alguna vez fueron asignadas a un “Estado”, que muchos aún conciben como inmensa plataforma para negocios ilícitos.

Creo que esta problemática de fondo debe considerarse en el actual proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Debe hacerse, aun cuando los factores reales de poder, esos que todavía no han sido identificados plenamente por la doctrina constitucional, se crean seres inmunes a sus propias estupideces. El pueblo, despojado ya prácticamente de su estatus como colectivo de ciudadanos, debe replantearse la política como búsqueda conjunta del bien común.

Por ello, cabe recordar que el Derecho no puede desvincularse de los intereses sociales. Así, en primer lugar, debe reconocerse que los procesos judiciales pueden inducir algunos cambios estructurales. En particular, no se pueden negar los efectos positivos que ha tenido la lucha contra la impunidad, aunque debe hacerse sin perder de vista que no existen logros definitivos, especialmente en contextos tan conflictivos como los que ahora se viven.

Con todo, no debemos ser tan ingenuos como para pensar que la tarea se acaba con la transparencia del sector público. En estos tiempos es fundamental la tarea de lidiar con una economía gris en la cual se han incrementado las estrategias de despojo de los medios de vida de la sociedad en general. Hemos distinguido las consecuencias negativas de la corrupción pública, pero ya es necesario ocuparse de la criminalidad privada.

De ahí, que debe tenerse presente que la distinción entre lo público y lo privado es muy relativa –un punto sobre el que ha insistido el feminismo contemporáneo. La corrupción que ahoga el Estado es la corrupción de los intereses privados que entran en pugna para asegurarse el control de las instituciones para beneficiar sus empresas. En concreto, se necesita perseguir actividades como el desvío de ríos, la estafa permitida por cláusulas abusivas y la epidemia de cobros indebidos, especialmente en los productos financieros y en el sector de servicios.

Estos son factores que deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar el trabajo del próximo Fiscal General, puesto que los problemas señalados se agravan cada día más. La apropiación indebida de los recursos privados y el mal uso de los bienes públicos es tan negativa como el manejo indebido de las arcas del Estado.

Finalmente, no está de demás decir que el derecho penal no puede sustituir las políticas sociales que demanda un país atrapado en una precariedad apabullante. Sin una visión responsable del Estado, el énfasis penalista terminará criminalizando la protesta social, y por lo tanto, fortaleciendo las estructuras de impunidad que ahora se resisten a morir.

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