Martes 16 DE Julio DE 2019
Opinión

Hay que pasar la página

La estrategia del statu quo hace aguas.

Fecha de publicación: 19-02-18
Por: Édgar Gutiérrez

Después de tres años parece obvio. Ha resultado inútil batallar abierta o encubiertamente contra la CICIG que dirige Iván Velásquez y el MP que anida a la FECI y lidera Thelma Aldana. Millones de dólares de ciertas corporaciones y del propio sector público han sido literalmente tirados a la cloaca durante estos años en unos 40 net center afilados para la difamación y un puñado de afanosos trendsetters o “influenciadores”; centenares de demandas penales espurias y onerosas contrataciones de cabilderos en Washington, sin contar los abogados que cobran como bufete de Nueva York, pero que tampoco dan resultados.

Lo fundamental de las estructuras del poder político (gobierno, congreso y municipalidades) y económico se alinearon en defensa del régimen corrupto y de privilegios del cual medran. Argumentaron que había una cacería de brujas para arrasar con el sector privado y las autoridades electas, e imponer una dictadura chavista. Señalaron que la lucha contra la corrupción ahuyentaba la inversión extranjera e inhibía la local, causando despidos masivos. Dijeron que la publicidad de los casos –que ordena el Código Procesal Penal– viola la presunción de inocencia y la modalidad de juzgamiento de las estructuras –contemplada en el Código Penal– violenta el debido proceso.

Todos esos argumentos la canciller Sandra Jovel los tradujo, frente al secretario general de la ONU, António Guterres, en uno solo: el comisionado Iván Velásquez transgrede el mandato de la CICIG y por eso debe ser removido. Pero, menos ahí, donde hay información amplia y contrastada, le creen. Los juicios de valor de la canciller no tienen sustento empírico. Los dos anteriores comisionados, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese, fueron removidos por la ONU tras analizar expedientes fundados. El problema que encuentran con Velásquez es que, además, tiene una hoja de vida intachable.

Oportunistamente el gobierno de Jimmy Morales rompió los moldes de la política exterior de Guatemala, con tal de congraciarse con el presidente Trump. Pero lo máximo que consiguió fueron 15 minutos con el gobernante, quien le dijo que fue buena la decisión de mudar la embajada de Guatemala a Jerusalén. Lo demás fueron exhortativas a luchar contra la corrupción para contener el narcotráfico y abrirle oportunidades en el país a los guatemaltecos que siguen emigrando.

Por ahora está Arzú al mando de la tropa de resistencia contra la justicia, pero ya no despierta la confianza de hace dos décadas. La presión que ejerce sobre Jimmy Morales para denunciar el Acuerdo de la CICIG y aguantar el diluvio, no termina de convencer a quienes más tienen que perder. Aunque el plan “a” de estos sigue siendo sacar a Iván Velásquez, tienen qué considerar un plan “b”: una adaptación del concepto histórico de justicia transicional. Esto es, reconocer responsabilidades y reparar al Estado para recibir beneficios, manteniéndose estrictamente dentro de la legalidad en los siguientes años, so pena de perder los beneficios. Es algo que la propia legislación vigente lo contempla, pero se puede codificar más explícitamente en una Ley de Aceptación de Cargos.

El problema sigue siendo que muchos diputados insisten ahora mismo en reeditar el pacto de corruptos y que ciertos poderes económicos no sueltan el plan “a”, aunque esté fracasando. Ni la peor elección de fiscal general, de contralor o la finalización del mandato de la CICIG en septiembre de 2019, van a restaurar el sistema. Por eso, entre más rápido y con mayor decisión demos vuelta a la página, mejor para todos.