Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Transporte público: una afrenta al pueblo

Es hora de desnudar toda la verdad sobre el transporte en la ciudad.

— Carol Zardetto
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La ciudad de Guatemala está colapsada. Nadie se libra del hiperbólico desorden del tráfico que ha convertido las calles en embudos donde se transita tan lentamente que recorrer una decena de kilómetros puede durar horas. La ausencia de un transporte colectivo eficiente y digno nos ha arrojado a una situación insostenible. Y, para aquellos que siguen afirmando que la lucha contra la corrupción no beneficia la economía, he aquí un tapabocas. ¿Cuánto recurso desperdiciamos en ocupar cerca de cuatro horas diarias (¡media jornada laboral!) en trasladarnos? Pero más allá de ese argumento: ¿Y nuestra calidad de vida? ¿Y el daño al medioambiente? Para una ciudad que tiene millones de habitantes el problema de un transporte público atravesado por la corrupción es una afrenta a la dignidad, un problema económico de carácter mayúsculo y un tema que debería unirnos.

La justificación del poder coercitivo del Estado en lo penal es la averiguación de la verdad. Siempre intuimos que nuestro sistema económico y político era corrupto. Pero los casos que han sido investigados nos han revelado los detalles: métodos, operadores, sumas, alianzas. La información es poderosa y, ciertamente, destruye las apariencias.

En el caso del Transurbano la mayor parte del gabinete de Álvaro Colom firmó un acuerdo gubernativo que no tenía sustento. Todas las instancias de control fueron obviadas. El expediente tenía ¡cuatro folios! Y, no importando la responsabilidad solidaria que la ley asigna a los ministros por su firma, no importando que en el expediente no estaban los informes necesarios, firmaron. El Consejo de Ministros es un órgano de control para el poder presidencial. Pero, lejos de acercarse a la intención de la norma, los ministros raramente deliberan o cuestionan la voluntad del presidente, destruyendo el sistema de pesos y contrapesos. Resulta sumamente difícil justificar a los detenidos que actuaron con tan gigantesca irresponsabilidad.

Frente a la debacle general de la “institucionalidad”, frente a la imposibilidad manifiesta de seguir confiando en los funcionarios públicos, frente a la tenebrosa alianza con capitales corruptos, nos conviene actuar. Quizá el tema del transporte colectivo podría ser un buen principio. ¿Qué acciones podemos tomar para exigir una transformación radical? Quizá empezar por pedir una rendición de cuentas a los responsables de esta problemática. Una auditoría social profunda y extensiva, un cuestionamiento sistematizado de las razones que impiden una solución efectiva. Blindar los fondos asignados al transporte. En fin, dejar de ser espectadores e incidir en la transformación de la realidad.

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