Lunes 21 DE Mayo DE 2018
Opinión

Sacan el pecho por la corrupción empantanados y con techo de vidrio

Tanto la CICIG como la MACCIH están bajo acecho de quienes, sin empacho alguno, salen a defender el honor nacional de países mancillados de tanta pobreza y violencia.

— Manfredo Marroquín
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Los gobiernos de los países más pobres del Continente, Guatemala y Honduras, de acuerdo con las estadísticas del último informe de CEPAL, incluso más pobres que Haití que es reconocido por ser un Estado fallido, tienen como prioridad en sus agendas, abortar los mecanismos heterodoxos de combate a la corrupción, instalados en ambos países, y que con independencia de grupos de poder locales han logrado develar y desmantelar redes político económicas de corrupción que además de enriquecerse impunemente, mantienen inhabilitadas vía la cooptación a la mayoría de instituciones públicas, a cumplir su misión constitucional de velar por el bienestar de toda la población.

Los dos países no solo lideran el vergonzoso sótano del ranquin de pobreza, pero también de corrupción siendo dos de los cuatro países con la más baja calificación del Continente, en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Y, además, entre muchos otros indicadores lacerantes, figuran entre los diez países más violentos del mundo, siendo Honduras el primero en ese fatídico puesto.

Tanto la CICIG como la MACCIH están bajo acecho de quienes, sin empacho alguno, salen a defender el honor nacional de países mancillados de tanta pobreza y violencia generada entre otros males por la gran corrupción histórica, estructural y sistémica. En la primera línea de esta ofensiva pro corrupción están los mismos presidentes, secundados por sus respectivos Congresos Nacionales que dan cara y pecho para arropar las iniciativas legales que buscan recuperar impunidad para algunos procesados y asegurar el fin de las investigaciones independientes.

El recién instalado Congreso en Honduras con amplia mayoría del partido de gobierno lejos de tender puentes para mitigar el cuestionamiento a la legitimidad del resultado electoral en el que resultaron electos junto al presidente Hernández, optó por el ataque a quienes atacan la corrupción. La mayoría oficial y sus aliados aprobaron una ley también denominada allá como “pacto de corruptos” que deja en manos de la Contraloría de Cuentas la acusación sobre casos de corrupción, mutilando funciones propias del Ministerio Público y el acompañamiento de la MACCIH.

El primer efecto de la ley pro impunidad ha sido que un juez haya archivado una acusación contra al menos cinco diputados oficialistas acusados de integrar una red político-económica criminal para favorecer el otorgamiento de proyectos hidroeléctricos, incluso con participación de grupos narcotraficantes.

En Guatemala, es el mismo presidente quien delega en la canciller la tarea de plantear el malestar del gobierno ante Naciones Unidas, pidiendo el cese del mandato del comisionado de CICIG, en evidente papel de conflicto de interés pues tanto el mandatario como la canciller han sido investigados por diferentes delitos por la comisión investigadora.

En los dos países hay un descontento generalizado con el desempeño de gobiernos que usan el poder del aparato público para protegerse a sí mismos, y dejan sin atención los problemas que siguen causando marginación, violencia, migración y desempleo masivo. Pero también a nivel internacional, los dos gobiernos son vistos con desconfianza e incredulidad ante el cinismo con que actual atacando a quienes atacan la corrupción.

Gobiernos como los de turno en ambos países son los que han dado pie a que sobre ambos países haya refranes o dichos peyorativos construidos a lo lago de la historia como de “Guatemala a Guatepeor”, “Banana Republics” y “metidos en Honduras”. No hay duda que la corrupción siempre contraataca, aunque sea de manera suicida jugando con el futuro y la estabilidad de los países.