Martes 19 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Derecho humano a un juez imparcial

Si el juez no es imparcial el juicio es injusto.

Fecha de publicación: 12-02-18
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA) dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

El derecho humano a un juez imparcial supone la garantía de que el juzgador que dirima un conflicto de interés, una controversia, sea neutral, es decir que no se incline o tenga preferencia en favor o en contra de alguna de las partes o terceros en un juicio. En otras palabras, el juez natural de una causa o proceso no debe tener interés o prejuicio en el asunto que se discute, o sea debe ser ajeno al litigio desde una perspectiva objetiva o subjetiva. Un juez que no es imparcial no puede ser reconocido como un juzgador legítimo ni confiable; y, por tanto, sus actuaciones son permanentemente inválidas, nulas.

La igualdad procesal es inherente a la imparcialidad judicial, porque de ésta depende que las partes sean tratadas por el juzgador en iguales términos, sin privilegios ni discriminaciones de ningún tipo, con las mismas posibilidades y oportunidades, o sea un tratamiento con absoluta ecuanimidad.

De suerte que la imparcialidad judicial es esencial para la existencia de un debido proceso, bajo el cual se respetan derechos procesales fundamentales en función de la consecución de una decisión justa. Si el juez no es imparcial, entonces el juicio es injusto; y, por consiguiente, tampoco puede asumirse que se está garantizando una administración de justicia cumplida y eficaz.

Una sentencia dictada por un juez parcial, es decir que tomó partido en un litigio, es esencialmente injusta y da pie a la nulidad absoluta de la cosa juzgada, bajo el supuesto de que la legitimación del juzgador es un presupuesto procesal de existencia.

En todo caso, la inclinación del ánimo o de la actitud del juzgador no solo debe ser considerada en un contexto de impedimentos o causas de excusa y recusación previstas en la ley, sino que también debe ser observada bajo una óptica de que el juzgador no se encuentre en una posición, estado o situación que lo predisponga a favor o en contra de alguna de las partes. En ese sentido, el juzgador debe estar libre de presiones, temores, intimidaciones, amenazas, coacciones, así como de condicionamientos políticos, ideológicos, económicos o sectarios. Por tanto, el Estado, cuyo deber es garantizar la justicia, debe asegurar que quienes administran justicia sean efectivamente independientes.

Finalmente, un juez, como genuino árbitro de la sociedad, no solamente debe ser, sino también parecer. Se atribuye al Emperador Cayo Julio César la frase “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”, en respuesta la petición de que revocara el divorcio de su esposa, Pompeya Sila, quien había asistido como espectadora a una “Saturnalia”, una orgía sexual aristocrática, pero sin cometer acto deshonesto alguno.