Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

La dictadura de los Jueces

Hemos sido testigos de cómo el mismo poder público solicita amparo contra sí mismo.

— Aquiles Faillace
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La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, de la cual soy firmante en mi calidad de Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 ha sido transformada en un instrumento de poder del Tribunal Constitucional, entidad la cual nunca fue concebida como un árbitro supremo de la gobernabilidad del país y el cual mediante la discrecional aplicación de dicha ley , se ha constituido en un suprapoder no contemplado en la Constitución Política de la República, logrando autoridad y ejecutando actos de poder sobre los mismos poderes del Estado. Entre el caos institucional, la desesperanza ciudadana y la cultura del autoritarismo, vimos cómo a través del tiempo se erigió un gran árbitro del actuar nacional mediante la aplicación de una ley que nunca tuvo la intención de lograr dicho propósito.

El Artículo 9 de la ley en mención claramente enuncia el espíritu del Constituyente al promulgar dicha ley. Podrá solicitarse amparo contra el poder público. Es decir, la intencionalidad es siempre una protección al ciudadano contra el poder. Es un “dejar de hacer“ y nunca el trasladar la facultad de legislar de una Asamblea Constituyente hacia el ente encargado de resguardar dicho espíritu.

A través de un lento proceso de debilitamiento de la República  mediante un proceso de judicialización de la democracia, vimos cómo el sistema para lograr el bien común se ha ido desmoronando.  Hemos sido  testigos de cómo el mismo poder público solicita amparo contra sí mismo.  Es un contrasentido que instituciones como la SAT, el Ministerio Público, los propios diputados al Congreso de la República, incluso la Vicepresidente y los mismísimos Magistrados de  la Corte Suprema de Justicia soliciten la protección contra el poder público que ellos mismos representan y ostentan, y en el vacío generado, hábilmente a través de varios periodos, los magistrados a la Corte de Constitucionalidad han ocupado ese espacio de poder absoluto, representado por la frase: “Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad se cumplen y no se discuten”.  ¿Cómo puede un tribunal Constitucional terminar por decidir materia fiscal o penal? Es sin embargo la tesis del presentado que en dichos casos se debe ejercer la política del “autocontrol”, es decir, la Corte tiene que “poder decidir  no decidir”.  Esto se puede lograr mediante un procedimiento de rechazo in limine de cualquier acción de amparo donde el solicitante sea o un miembro o un representante de una institución del poder público.

Es la definición de la legitimación para el planteamiento de dicha acción la que en el término inicial demarca la discrecionalidad del juez constitucional. ¿Cómo puede un particular encontrar agravio en una acción general? Y ¿Cómo puede justificarse el trámite de un proceso así? Y ¿Cómo puede justificarse que en la resolución de un planteamiento particular, el Estado de derecho y la
constitucionalidad misma sean afectadas?

Y es en la resolución final de dichas acciones que la figura de una dictadura emerge. Si las decisiones no son de índole política logradas mediante el consenso sino sentencias unilaterales, ¿Cuál es la diferencia con una dictadura?, ¿Nos encontramos acaso en la disyuntiva del ejercicio sin límite del poder o al borde de la ingobernabilidad?

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