Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Opinión

En defensa de la Constitución y el enigma Belice

“La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma”. Cicerón

Fecha de publicación: 09-02-18
Por: Fernando González Davison

Hace más de una semana presenté una inconstitucionalidad ante la CC en atención al Artículo 135 de la Constitución que se refiere al deber cívico de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Lo presenté como un ciudadano que observó que el Artículo 19 transitorio de la Constitución no guarda simetría con el decreto de la consulta popular del Tribunal Supremo Electoral, como lo indiqué la semana pasada: es obvia la contradicción de la pregunta que deberá responder la ciudadanía en abril, con dicho artículo.

Lo hice también porque considero que realizar la consulta, amenaza la integridad territorial de Guatemala debido a que nos llevaría a perder la oportunidad de ir a la Corte Internacional de Justicia, aunque suene extraño. Los mal gobernantes nos han fallado en el desarrollo del país y en su política exterior. Mi mayor deseo es que tanto Belice como Guatemala vivan como buenos vecinos y su diferendo lo resuelvan en la Corte Internacional de Justicia, como lo hizo hace poco, al dirimir la contienda entre Nicaragua y Costa Rica, sin consulta popular de por medio. La consulta actual es una trampa en la que cayó Guatemala, pues se acordó realizarla antes de pactar un acuerdo definitivo, lo que es inconstitucional, y, además, con el riesgo de perder la oportunidad de ir a la Corte, porque luego la decisión quedará en manos de los beliceños en un futuro desconocido cuando decidan hacerla. Y van a decir no, porque no tienen nada que ganar. Y ninguno irá a la corte. De esa cuenta, como no hay nada definitivo al presente ni al mediano plazo, Guatemala está por perder la oportunidad de esgrimir sus derechos en ese tribunal internacional.

He tenido notas de solidaridad de varios constitucionalistas e historiadores, incluso de un exasesor de Jimmy Morales, porque la consulta viola el Artículo 19 transitorio como se ha mencionado, pues no hay un acuerdo definitivo. Es más, hay ambigüedad en la pregunta de la consulta y eso es así porque no hay un acuerdo definitivo con Belice aún. Algunos comentaron que podría haber traición.

En fin, toda Constitución regla la acción y la vida del Estado y conserva la unidad del pueblo contra las fuerzas centrífugas que la amenazan, como sucede con dicha consulta: no une, porque pocos la entienden, por esa ambigüedad. Lo que importa en todo caso es que se cumpla la Constitución. Para ello, Montesquieu precisa que se practique la virtud; no la moral y ni la virtud cristiana, sino la virtud política, que va hacia el amor a la patria, el amor a la igualdad. Ya Aristóteles distinguía la virtud del hombre de bien y la virtud del ciudadano (Pol., III, 1-4), sea entre una virtud absoluta y la relativa a la Constitución. Lo cierto es que hay una articulación entre lo moral y lo político: el hacer bien a la sociedad, diría Voltaire. Eso no se observa con los promotores de la consulta ni con nuestra clase política en el actual contexto gris.

Así, siento latente la oposición entre el individuo y el Estado que, con exceso de poder, vulnera así nuestra seguridad territorial y nuestros derechos legítimos en un territorio en disputa. Ahora lo que sí es claro, como corolario, es que los poderes públicos deben estar sometidos a la Constitución, y, por ello, la consulta debe ser suspendida y, cuanto antes, mejor.