Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Fallo de la CIJ

— editorial
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El viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede La Haya, Holanda, notificó a Nicaragua y Costa Rica el fallo, de carácter inapelable y autoejecutable, por medio del cual se dirime el diferendo territorial y marítimo entre ambos Estados.

Mediante dicho fallo, la CIJ resolvió que el norte de Isla Portillos es de soberanía costarricense y ordenó a Nicaragua desmantelar un campamento militar de un banco de arena de esa zona fronteriza.

El fallo de la CIJ consideró ese punto terrestre como el inicio de la delimitación marítima en el Mar Caribe, aunque mantuvo bajo soberanía nicaragüense el humedal Harbor Head Lagoon, situado a unos cientos de metros al sureste de ese banco de arena.

Asimismo, la decisión de la CIJ acogió la reclamación nicaragüense en cuanto a que las islas Corn Islands (Islas del Maíz) sean tomadas en cuenta para la delimitación marítima entre Nicaragua y Costa Rica, rechazando la pretensión costarricense de que fueran descartadas.

En el caso de la frontera marítima en el océano Pacífico, la CIJ acogió parcialmente una de las reclamaciones de Managua, que solicitaba no tener totalmente en cuenta la península de Santa Elena como uno de los puntos equidistantes para establecer la delimitación marítima.

De ser aprobado en los respectivos referendos el acuerdo especial suscrito entre los gobiernos de Guatemala y Belice, en torno al diferendo territorial entre ambos países, este se someterá a consideración de la CIJ, que deberá determinar el límite territorial y marítimo entre ambas naciones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a instancias del gobierno guatemalteco, decidió que la referida consulta se celebrara el domingo 15 de abril de 2018. En el decreto de convocatoria se establece que, a partir de la fecha de publicación de este, se podrán realizar campañas de divulgación, información y formación cívica a favor de someter o no el diferendo territorial a la CIJ. Sin embargo, se prohíbe el uso de recursos públicos para la respectiva divulgación cívica. El TSE ha anunciado que la citada consulta popular tendrá un costo de, por lo menos, Q300 millones.

En caso de que finalmente el diferendo territorial entre Guatemala y Belice se someta a la decisión de la CIJ, la defensa jurídica de Guatemala debe ser sólida a la hora de presentar su reclamación argumentativa, pruebas y alegaciones, para que los legítimos intereses y derechos de nuestro país sean debidamente reivindicados a través del respectivo fallo de la CIJ. Después del fallo no valdrán lamentaciones ni rechazos, porque habrá que cumplirlo y punto, como le ha tocado a Costa Rica y Nicaragua con motivo del fallo recientemente emitido por la CIJ.

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